Una persona más es vinculada al proceso seguido contra concejala de la capital
La fiscal provincial de Pichincha, Thania Moreno Romero (izq.), sigue el proceso contra 11 personas por asociación ilícita.
Quito, 30 de diciembre del 2016.- Ante el presidente de la Corte Provincial de Justicia, Marco Rodríguez, la fiscal provincial de Pichincha, Thania Moreno Romero, vinculó a Amanda S. al proceso por el delito de asociación ilícita seguido contra la concejala del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Ana Karen S.
Con esta nueva vinculación ya son 11 las personas procesadas por presuntamente asociarse para tramitar las licencias de funcionamiento de los centros de tolerancia, a cambio de pagos que van de 1.000 y 2.600 dólares.
Ante el juez Rodríguez, la Fiscal Provincial detalló los elementos encontrados en contra de Amanda S., quien además es cuñada de la concejala.
Amanda habría hecho depósitos de 200, 900, 1.500 y 2.000 dólares a la cuenta bancaria de su hermano, Omar S., entre agosto y septiembre del 2015 “como un favor personal a mi hermano”, según la versión de la imputada.
Sin embargo ella no tiene una actividad económica para justificar los depósitos, pues realiza trabajo de mensajería para el despacho de su cuñada en el Municipio de Quito.
Por sus servicios recibe mensualmente la colaboración voluntaria de los asesores y de la concejala, monto oscilante que no pasa los 500 dólares mensuales.
Con la vinculación, la instrucción fiscal (tiempo en el cual la Fiscalía intensifica sus investigaciones para recabar las pruebas necesarias) se extenderá por 30 días.
Amanda deberá presentarse ante la Fiscal Provincial cada 15 días a partir del 6 de enero y no podrá salir del país. Esas fueron las medidas impuestas por el presidente de la Corte Provincial al término de la audiencia.
En este proceso se investiga a la concejala de Quito Ana Karen S., su esposo Omar S., dos asesores y a seis dueños de casas de tolerancia. En este caso se procesa “a los que pagaron y a los que recibieron el dinero”, dijo Thania Moreno.
Dato:
El artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal determina privación de libertad de 3 a 5 años a las personas que se asocien con el fin de cometer un delito.