Tribunal Penal anuló el juicio del caso Innovatconstru S. A.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 311-DC-2019
La nueva audiencia de juicio está notificada de forma oral para los días 2, 3 y 4 de octubre de 2019.
Quito, 30 de agosto de 2019.- La audiencia de juzgamiento por estafa masiva seguida en contra de cinco ciudadanos, dentro del caso consorcio Cevallos y Herrera Innovatconstru S. A., fue anulada la mañana de este 30 de agosto de 2019, por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.
Los magistrados ordenaron una sanción económica de dos salarios básicos unificados para el Dr. Édgar Pavón, defensor del procesado David Eduardo T., por incumplir la orden del Tribunal de continuar con la representación de su defendido con la intervención de un defensor público.
Esta audiencia se instaló el 26 de agosto de 2019. Ese día, ante el Tribunal Penal, tanto la Fiscalía como la acusación particular y la defensa de los procesados, presentaron los alegatos de apertura (teoría del caso) y también dieron su testimonio cinco testigos, entre los cuales se encontró el procurador común, en representación de las alrededor de 250 personas afectadas.
Sin embargo, cuando el Tribunal Penal había llamado al sexto testigo, el Dr. Édgar Pavón manifestó a los magistrados que su patrocinado le pidió que se retire. Acto seguido, el procesado, David Eduardo T., expresó su inconformidad con la estrategia de defensa y pidió cambio de abogado.
El Tribunal Penal explicó al procesado y a su abogado defensor que no era posible dicho cambio, ya que la audiencia de juzgamiento estaba instalada y había tomado su curso, pero –por precautelar el derecho a la defensa de David Eduardo T. – le concedió la posibilidad de contratar a otros abogados y también se requeriría a un defensor público. Pero enfatizó en que era obligatorio que el Dr. Édgar Pavón esté presente y se suspendió la audiencia para el 30 de agosto de 2019.
A pesar de la orden y la advertencia que hiciera el Tribunal de Garantías Penales de que sin su presencia el juzgamiento no podría seguir, el Dr. Edgar Pavón no acudió a la reinstalación.
Una estafa masiva
La inmobiliaria ofrecía proyectos habitacionales en los sectores de Quitumbe, Carcelén y Pomasqui, en Quito, y los promocionaban en las ferias de vivienda, en los portales de compra venta de productos y en redes sociales.
Para reservar las unidades habitacionales, las personas entregaban como entrada una cuota de 2.000 dólares por las viviendas que, supuestamente, recibirían en el plazo de un año. Cuando los clientes constataron que en los terrenos a donde los llevaban inicialmente no había nada construido, acudieron a las oficinas de la inmobiliaria, pero estaban cerradas.
Más de 250 personas habrían sido perjudicadas en un total de 484.500 dólares y sus denuncias empezaron a recibirse en la Fiscalía desde enero del 2017.
Dato jurídico
Según el artículo 186, inciso 3, del Código Orgánico integral Penal (COIP), el delito de estafa masiva está sancionado con privación de libertad que va de siete a diez años, para quien perjudique a dos o más personas o el monto sea superior a los cincuenta salarios básicos unificados.
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