Tribunal de Corte Provincial declara la nulidad del proceso por lavado de activos en caso Odebrecht
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 183-DC-2019
Quito, 10 de julio de 2019.– La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, luego de analizar lo actuado en la audiencia de juzgamiento, decidió declarar la nulidad de la sentencia emitida por los magistrados de primera instancia, en la cual se había ratificado el estado de inocencia de Ramiro C., Gustavo M. y Vladimir S., quienes son procesados por su presunta participación en el delito de lavado de activos, ilícito cometido en la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, dentro del caso Odebrecht.
El Tribunal de alzada manifestó que la sentencia carece de una debida motivación y que se violentó la legítima defensa del Estado ecuatoriano en calidad de víctima. Por esas consideraciones, señaló que el juicio deberá volver a realizarse con otro tribunal, para resolver la situación jurídica de los tres ciudadanos.
En la lectura de su decisión, el juez ponente, Leonardo Barriga, señaló que el Tribunal de primer nivel no permitió la inclusión del testimonio anticipado de José Santos, delator de Odebrecht, a pesar de haber sido anunciado adecuadamente y que se encontraba dentro de los acuerdos probatorios de las partes procesales. Según la Sala Penal de la Corte Provincial, esta debió haber sido aceptada sin ser sometida a contradicción e incluida con el resto de pruebas para ser analizada y valorada.
La no inclusión de esta prueba afectó el derecho a la legítima defensa y provocó evidentes contradicciones en la argumentación en la sentencia de primera instancia.
La audiencia de apelación se llevó a cabo el 25 de marzo de 2019 y quedó pendiente solo la lectura de la resolución, que finalmente se conoció la tarde de este 10 de julio, luego de que –por cinco ocasiones– no se reinstalara debido a las inasistencias del abogado defensor de Gustavo M., y por la calamidad doméstica del abogado patrocinador de Vladmir S., entre otras razones.
Los hechos investigados
La Fiscalía demostró que en 2013, Ramiro C. se desempeñaba como gerente de Transporte y Almacenamiento de Petroecuador EP. Ese mismo año, la empresa Constructora Norberto Odebrecht participó en la licitación para la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca, contrato que fue suscrito entre Ramiro C. y los representantes de Odebrecht.
Según las investigaciones, por la adjudicación de contratos con el Estado, Odebrecht –a través de empresas off shore, como Klienfield Services– habría realizado pagos ilícitos para retribuir la asignación de dichos contratos. El representante de Ramiro C. ante la empresa brasileña era Gustavo M., quien habría recibido valores en 2014 y 2015, a través de las cuentas de sus empresas en Panamá.
Gustavo M. habría entregado el dinero en efectivo a Ramiro C., pero también a través de transferencias a la cuenta de Vladimir S. (en Estados Unidos), quien entregó el dinero en Ecuador utilizando su empresa. Para el efecto, se generó una factura por un servicio no prestado entre Ramiro C. y esa compañía.
El monto por el cual se adjudicó el Poliducto Pascuales-Cuenca a la empresa Odebrecht fue de unos 370 millones de dólares. Esa adjudicación implicó un acuerdo entre la constructora brasileña y los procesados por 300.000 dólares.
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