Julio
01 de julio de 2020
Luego de haber escuchado a las defensas de los 20 sentenciados, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, presentó sus argumentos de réplica a los expuestos por los apelantes.
Señaló que, en la audiencia de juicio, Fiscalía demostró –a través de abundante prueba testimonial, pericial y documental– la existencia de una estructura criminal, que habría recibido 7,3 millones de dólares por parte de contratistas del Estado entre los años 2012 y 2016. Por esta razón, la sentencia de primera instancia está totalmente justificada.
Asimismo, contradijo los argumentos sobre la entrega de una sentencia incompleta y que el Tribunal de juicio haya cambiado el tipo penal y el nivel de participación de cada uno de los procesados.
La Procuraduría General del Estado, a través de su titular, Íñigo Salvador, solicitó al Tribunal de apelación que entregue una metodología para ejecutar la reparación integral, lo cual no quedó definido en la sentencia.
02 de julio de 2020
El Tribunal de apelación termina de escuchar a todas las partes procesales y dispone una suspensión de la audiencia, para analizar todos los argumentos presentados durante cinco días. Notificará oportunamente fecha y hora para dar a conocer su decisión.
20 de julio de 2020
El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional negó la mayoría de los argumentos presentados por los apelantes y ratificó la pena para 18 de ellos. Es decir, 17 deberán cumplir con una pena de 8 años y una más (gracias a su cooperación eficaz) una condena atenuada de 38 meses y 12 días.
Los magistrados coincidieron en su mayoría con la sentencia de primera instancia, excepto en los siguientes puntos: Laura T, quien –debido a sus aportes en la investigación– vio reducida su pena a 3 meses y 6 días; y, en torno al apelante Alberto H., cuya participación fue considerada accesoria por los jueces y, por lo tanto, su participación en el delito fue cambiada a la de cómplice. Su pena se redujo a 32 meses.
Además, respondiendo al principio de favorabilidad, el Tribunal resolvió que la suspensión de derechos de participación política de los sentenciados sea por el mismo tiempo de la condena.
Finalmente, señaló que, para cumplir con la reparación integral, los instigadores, coautores y autores directos deberán pagar 778.224 dólares cada uno y 368.632 dólares cada cómplice.
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