29 de julio de 2016

El Informe de Fondo (No. 32/16 caso 11.444) concluye que el Estado del Ecuador es responsable de la violación de los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, en perjuicio de Amparo C. El Estado ecuatoriano, al allanarse a esta decisión, reconoce a Amparo como víctima de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que suscribe un acuerdo de reparación a la víctima y se inicia la investigación del caso, con el fin de cumplir las recomendaciones de la CIDH.

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