Las víctimas y testigos en riesgo reciben una asistencia integral
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Quito, 18 de julio del 2015.- La idea de ganar dinero para comprar ropa, maquillaje, celulares sedujo a Katherin, cuando tenía 13 años. Por medio de una popular red social conoció a Karla, una compañera de colegio, quien la involucró con una red de trata de personas.
La joven abandonó su hogar y durante dos años fue obligada a prostituirse hasta que personal de la Fiscalía y de la Policía lograron rescatarla.
Ya a salvo la adolescente denunció a sus presuntos agresores, quienes la amenazaron de muerte a ella y a su familia. Por lo que el fiscal a cargo de su caso solicitó ingresarlas al Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el proceso penal (SPAVT) de la Fiscalía General del Estado.
Así como Katherin, en la actualidad 2.925 personas están dentro del Sistema y reciben protección y abarca a la víctima y a su familia o a quienes estén involucrados en una causa penal, cuyas vidas afronten peligro. Incluye a jueces, fiscales o defensores públicos.
Una vez que el fiscal da la alerta, psicólogos, trabajadores sociales y abogados del SPAVT analizan el caso y definen su inclusión.
Para que una víctima o testigo entre de forma voluntaria se consideran casos como violencia intrafamiliar, secuestro, intimidación, asesinato, violaciones, explotación sexual, narcotráfico y trata de personas.
“Esta protección y asistencia es solo para quienes han denunciado un delito e intervienen en un proceso penal por lo que son objeto de amenazas e intimidación”, precisó Maggio Irigoyen, dirección del SPAVT.
Una protección integral
El Sistema les brinda protección durante el proceso penal y mientras su vida se encuentre en peligro. Esta asistencia es integral, es decir implica ámbitos como lo legal, económico, laboral, educativo, piscológico y de seguridad. De allí que se requiere de un trabajo interinstitucional en el que está involucrados ministros como el de Educación e Inclusión Social y otras instituciones.
Uno de estos casos fue el del migrante ecuatoriano Fredy Lala, quien sobrevivió a la masacre de Tamaulipas, México, en agosto del 2010. En ese hecho murieron 74 personas de Brasil, El Salvador, Honduras y Ecuador fueron asesinadas por integrantes del cártel de Los Zetas.
El testimonio de Lala fue determinante para procesar penalmente a los culpables de esa masacre. Por lo que recibió graves amenazas. De allí que, él y su familia ingresaron al Sistema y ante su situación de peligro fueron reubicados en otra ciudad, además de recibir ayuda legal, asesoría para emprender una microempresa y más.
Ellos recibieron seguridad policial personal en forma permanente y luego en determinadas horas a medida de que el riesgo disminuyó.
Lala dejó el Sistema el 22 de mayo del 2013, cuando despareció el peligro sobre su vida y la de su familia.
En casos como el de dos hermanas, de 13 y 11 años, que fueron agredidas sexualmente por su padrastro, las víctimas reciben terapias psicológicas para superar el trauma.
Además, el SPAVT gestionó para que el Ministerio de Educación ayude a las hermanas para que continúen con sus estudios en otro centro educativo y así evitar el riesgo de una discriminación de sus compañeros.
Las dos niñas y su madre también reciben capacitación en un taller artesanal para perfeccionar su habilidad de tejer sombreros de paja toquilla y generar ingresos económicos.
El SPAVT les ayudó a legalizar el terreno donde vivían. La casa de caña en la que vivían fue reemplazada por una vivienda con los servicios básicos y enseres de cocina. Para esto aportaron los ministerios de Inclusión Económica y Social y de Ganadería Agricultura, y el gobierno local.
La seguridad de estas personas estuvo a cargo de la Unidad de Policía Comunitaria cercana a su domicilio por las constantes amenazas que recibía por parte de familiares del agresor.
“No somos asistencialistas, no vamos a estar todo el tiempo en la vida de las víctimas. Por eso es necesario que comprendan que nuestro trabajo es capacitarlos para ejercer sus derechos y no depender del Estado”, explicó Irigoyen.
La gestión del Sistema de Protección a Víctimas
El ‘Programa de Protección a Víctimas y Testigos’ surge en el 2002 como parte de la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado.
Pero es en la administración del actual fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, cuando se dota al Sistema de todo lo necesario para su funcionamiento.
Actualmente en las 24 provincias del país existe una unidad del Sistema. Están equipadas con salas de entrevistas y oficinas para todas las especialidades (trabajo social, asesoría jurídica y en el área psicológica disponen de un espacio lúdico. Allí los niños víctimas de delitos, mediante el juego, pueden revelar lo que les sucedió).
El trabajo del SPAVT está establecido en el artículo 198 de la Constitución. “La Fiscalía General del Estado dirigirá el sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, para lo cual coordinará la obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articulará la participación de organizaciones de la sociedad civil”.
Asimismo, desde el 1 de abril del 2014, cuenta con un reglamento. En este se establecen, entre otras disposiciones, los derechos de las personas protegidas, entre ellos: no ser discriminado, recibir un trato cálido y digno, así como protección, para que no vuelva a ser víctima de nuevos delitos y otros.
Las personas favorecidas por este sistema, a su vez, tienen la obligación de colaborar con el proceso penal, mantener en absoluta reserva y confidencialidad su situación de protegido y dar al personal del SPAVT toda la información.
La normativa del SPAVT incorpora además recomendaciones de estándares internacionales como las ‘100 Reglas de Brasilia’ y las ‘Guías de Santiago’.
Las ‘100 Reglas de Brasilia’, publicadas tras la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, de Brasil en el 2007, tienen como objetivo garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas que por su edad, estado físico o mental u otras circunstancias tienen dificultades para acceder.
En tanto que las ‘Guías de Santiago’, elaboradas por la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) en el 2008, en República Dominicana, se enfocan específicamente en el tema de la protección y asistencia a víctimas y testigos.
Recomendaciones de estas dos instancias internacionales se recogen en el Manual de Procesos del SPAVT, documento que se encuentra en elaboración y busca estandarizar los procedimientos de ingreso, permanencia, egreso y reingreso de los protegidos al Sistema.
Además de unificar el trabajo en términos de asistencia integral, administrativos y financieros entre las Unidades de Protección a Víctimas y Testigos de la Policía Judicial, Fuerzas Armadas y Agentes Civiles.
La aplicación de estas normas y conceptos en el Sistema ecuatoriano será analizada en el marco del Seminario Internacional ‘Protección y Asistencia Integral a Víctimas y Testigos”, el 20 y 21 de julio. El evento es organizado en Quito por la Fiscalía General del Estado.