Seis años de intensa labor a favor de las víctimas y contra la impunidad
En su gestión, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano (c), trabajó de cerca con autoridades, grupos sociales y la comunidad educativa.
Quito, 06 de mayo del 2017.- Los seis años de administración de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, se enmarcaron en tres grandes campos: la atención eficiente a la ciudadanía y a las víctimas, la judicialización de los hechos de corrupción y la gestión en el ámbito internacional.
Para lograr esos objetivos se necesitó la decisión política y una estrategia institucional, la especialización del recurso humano, impulsar la investigación científica y modernizar las infraestructuras física y tecnológica.
Sobre estos y otros logros informará el Fiscal General durante su Rendición de Cuentas de la gestión 2011-2017, en evento previsto para este lunes 8 de mayo, desde las 16:00, en la Fiscalía General del Estado.
La atención a la ciudadanía y a las víctimas
Modernizar los servicios y acercarlo hacia la ciudadanía fue una de las prioridades. Para eso se amplió su infraestructura y se incrementaron los puntos de atención.
De 57 Servicios de Atención Integral (SAI) con que se contaba al inicio de la administración, en el 2011, se incrementó a 230. Es decir se logró un aumento de más del 440%. Entre estos están los de Quinindé, en Esmeraldas y el de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi.
Los SAI constituyen el espacio para el primer contacto con los usuarios, ya que es a donde tienen que acudir a denunciar delitos como robos, asaltos, hurtos, discrimen racial, hechos de violencia física, psicológica e intrafamiliar, femicidios, violaciones, acoso sexual y más.
Tras una evaluación preliminar, quienes hayan sido víctimas de violencia de género, sexual o intrafamiliar pasan a una asistencia preferencial. 74 médicos legistas, 58 psicólogos y 42 trabajadoras sociales las atienden en las 40 Unidades de Atención y Peritaje Integral (UAPI), a escala nacional.
Además, para garantizar la integridad de las personas afectadas, mientras dan su testimonio de la agresión que sufrieran, la Fiscalía implementó el sistema de Cámara de Gesell. De una que se tenía en el 2011 hoy se cuenta con 28 a escala nacional.
Para brindar servicios de calidad a los usuarios, la Fiscalía también entregó al país los edificios Montecristi, en Guayaquil; el de Manta; Eteco y Recalde en Quito.
Entre tanto, para superar ese trato denigrante que antes recibían los cuerpos de las víctimas y sus familias, la Fiscalía construyó ocho Centros de Investigación de Ciencias Forenses en Manta, Esmeraldas, Santo Domingo, Ambato, Nueva Loja, Cuenca y Machala.
La implementación de estos ocho Centros Forenses constituyó un salto histórico en la investigación científica del delito. Pues en estos centros atienden profesionales expertos en ciencias forenses y cuentan con salas y laboratorios en Tanatología, Química, Biología e Histopatología, todos equipados con tecnología moderna.
Entre julio del 2013 y octubre del 2016, por ejemplo, se realizaron 22.657 análisis científicos, cuyos informes resultan pruebas irrefutables para que los jueces sustenten sus sentencias.
Para enfrentar la violencia de género
Galo Chiriboga Zambrano (c), fiscal General del Estado, durante un testimonio anticipado en el caso Arturo Jarrín.
En la lucha contra la violencia de género es muy importante hoy contar con 71 fiscales especializados. Ahora cada caso es investigado bajo el enfoque de género, es decir se consideran las relaciones de poder, el círculo de violencia de género, las vulnerabilidades sociales y el daño psicológico que sufren las víctimas.
Es importante resaltar que la Fiscalía logró que el femicidio sea tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde agosto del 2014. Desde ese fecha, se lograron 46 sentencias condenatorias, 35 casos tienen llamamiento a juicio y 58 casos están en investigación previa.
Pero el accionar de la Fiscalía en estos seis años fue más allá. La convicción de Galo Chiriboga a favor de los derechos humanos hizo que, por primera vez en la historia de Ecuador, se judicialicen los casos de graves violaciones a los DD.HH. y delitos de lesa humanidad, ocurridos entre 1984 y 2008.
Después que permanecieron impunes por hasta tres décadas, 12 casos se judicializaron, gracias a las pruebas recabadas por fiscales especializados.
De estos, tres causas penales ya tienen sentencias condenatorias de entre 2 y 16 años de privación de libertad. 19 personas fueron sentenciadas y a 14 víctimas se resarcieron sus derechos a la verdad, justicia y reparación.
Combate a la corrupción
Evitar la impunidad en los casos de corrupción ha sido uno de los objetivos fundamentales de esta gestión. En todos los procesos penales se ha judicializado por igual sin distinción del rango, sean ministros, asambleístas, alcaldes, jueces y otros funcionarios.
Cohecho, tráfico de influencias, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito son los delitos que se han perseguido para frenar la corrupción en el sector público. Estos procesos se basaron en los Informes de Indicios de Responsabilidad Penal (IIRPs), emitidos por la Contraloría, y otros se iniciaron por iniciativa propia de la Fiscalía.
Entre los casos de mayor conmoción están los de Petroecuador, exministro del Deporte, Ecuafútbol, Cofiec, Coopera, Municipio de Riobamba, exasambleísta Esperanza Galván, entre otros.
Para el seguimiento y control de las causas abiertas a partir de los IIRPs, esta administración implementó la herramienta informática M2A Contraloría. Se trata de un sistema que permite la agilización de los casos, pues mediante alertas se puede conocer el estado de los procesos y garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos para las diligencias.
La gestión de la Fiscalía trascendió fronteras
La cooperación judicial entre naciones es fundamental para enfrentar los diferentes delitos transnacionales. Por eso fue trascendental la propuesta de crear la Corte Penal para la Unasur. Este proyecto fue entregado por Chiriboga Zambrano al Gobierno ecuatoriano, el 15 de septiembre de 2016.
Esta Corte Penal juzgará delitos como el narcotráfico, cibernéticos, trata de personas, tráfico ilegal de personas y de bienes culturales, falsificación de medicamentos, entre otros.
Esta iniciativa fue socializada y debatida en 27 seminarios, reuniones bilaterales y conferencias organizados por la Fiscalía ecuatoriana dentro y fuera del país.
Otra arista de la gestión internacional corresponde a las 2.491 asistencias penales internacionales solicitadas entre el 2012 y 2017. Estas permitieron contar con información determinante en relación con hechos de corrupción como la enviada por la Fiscalía de Panamá sobre el caso ‘Petroecuador’.
Asimismo, permitieron la objetividad en las pericias al lograr traer al país peritos extranjeros para casos de Derechos Humanos como ‘González y Otros’, ‘Arturo Jarrín’ y 30S.
La Fiscalía General del Estado es parte de la Red de Centros de Capacitación de los Ministerios Públicos de Iberoamérica (Recampi). Incluso, a través de la Escuela de Fiscales, ejerce la Presidencia de este organismo, desde el 28 de abril de 2017 hasta el 2019.
Al ser integrante de la Recampi, funcionarios del área misional a escala nacional fueron capacitados en el extranjero, a través de programas y cursos en materia penal y afines.
En definitiva, Galo Chiriboga deja un gran legado en la Fiscalía General del Estado. Por primera vez, un Fiscal General litigó en las audiencias en la Corte Nacional.
Como un ejemplo de aquello, ganó el caso relacionado con el crimen atroz en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Tres integrantes de una familia fueron asesinados cruelmente. Ahora los culpables cumplen una pena de hasta 20 años de prisión.
Al trabajo de Chiriboga Zambrano en la Corte Nacional se suma lo realizado por la fiscal Subrogante, Cecilia Armas, y el grupo de asesores, quienes registran más de 8.000 audiencias asistidas.
Así es como culmina una etapa en la Fiscalía General del Estado de lucha por los derechos humanos y con la máxima de ¡Impunidad Nunca Más! fortalecida.