Se desarrolla audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en caso Proinco II

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 142-DC-2018

Quito, 12 de junio de 2018.- Esta mañana inició la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el denominado caso PROINCO II. Durante los próximos días la Fiscalía General del Estado presentará los elementos de convicción para que se llame a juicio a 19 personas, presuntamente implicadas en el delito de estafa masiva.

Los procesados son excolaboradores de empresas relacionadas a PROINCO Sociedad Financiera quienes habrían perjudicado a más de 1.300 personas, con una afectación total cercana a los USD 100 millones.

Hasta el momento, el Juez Máximo Ortega, acogiendo el pedido de Fiscalía, ha declarado la validez procesal ya que se han cumplido con todos los principios de legalidad que señala la normativa vigente y que se ha respetado el debido proceso en todo lo actuado hasta la presente audiencia.

En este caso están procesados Jorge C., quien fue gerente de Encaisser S.A, y Jaime E., exgerente de Mingacorp S.A. y Maktradecorp S.A., sobre quienes la fiscal Susana Rodríguez presentó un dictamen acusatorio y solicitó se llame a juicio como autores directos del delito de estafa masiva. Además, pidió que se mantenga la medida de prisión preventiva y que se establezca la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento de los fondos de sus cuentas.

En la misma audiencia, el agente fiscal Erick López sustentará la acusación en contra de otras 17 personas que se desempeñaban como captadores de fondos, con base en la revocatoria realizada por el Fiscal Provincial de Pichincha al dictamen abstentivo emitido previamente a favor de estos ciudadanos.

Fiscalía fundamenta su acusación en las investigaciones y pericias que determinaron que las empresas Mingacorp S.A., Encaisser S.A. y Maktradecorp S.A., vinculadas a la Sociedad Financiera PROINCO, crearon una red de flujo irregular de capitales, captando fondos de la ciudadanía sin que ninguna de ellas tengan la autorización para hacerlo, debido a que no formaban parte del sistema financiero nacional.

Según la Fiscalía estas empresas inducían al engaño a los perjudicados entregándoles, a cambio de sus depósitos a plazo, sesiones de derechos fiduciarios y pagarés, sin que estos documentos se encuentren debidamente inscritos, por lo tanto no tenían ninguna validez legal.

Este proceso tiene como precedente el caso PROINCO I en donde la Fiscalía obtuvo una sentencia condenatoria de 13 años de pena privativa de libertad en contra de Santiago R., principal directivo de la sociedad financiera, como autor del delito de estafa masiva.

 

 

 

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