Sala ratifica pena máxima por trata de personas con fines de explotación sexual
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 148-DC-2023
Quito (Pichincha), 16 de febrero de 2023.- Washington M. y Marcos T., sentenciados a una pena privativa de la libertad de veinte y cinco años con cuatro meses, intentaron que se les ratifique su estado de inocencia, interponiendo un recurso de apelación que fue resuelto en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La pretensión de los procesados fue rechazada.
La Sala volvió a darle la razón a Fiscalía General del Estado ratificando –en todas sus partes– la sentencia emitida por un Tribunal de Garantías Penales, que los responsabilizó del delito de trata de personas con fines de explotación sexual del que fueron víctimas dos adolescentes de 15 y 17 años.
En la audiencia de apelación, la fiscal especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, María Susana Rodríguez, refutó las alegaciones de las defensas de los sentenciados.
Washington M., por ejemplo, argumentó –a través de su abogado– que Fiscalía no tuvo elementos suficientes para probar que él le obligaba a ejercer la prostitución a la adolescente de 15 años, aduciendo también que desconocía sobre su edad, cuando en el allanamiento a la casa del procesado se encontró la cédula de identidad de la víctima.
Además, mencionó que existieron contradicciones entre el testimonio anticipado, rendido por la víctima, con otras pericias. Esto también fue rebatido por la fiscal María Susana Rodríguez, que volvió a citar ante la Corte los elementos probatorios que fueron valorados por la Sala como concordantes.
Marcos T., intentó convencer a los magistrados que no se puede determinar su responsabilidad en el delito por el solo hecho de estar parado en el mismo sitio en el que era explotada la víctima.
Al respecto, Fiscalía demostró –nuevamente– su participación en esta conducta penal con las vigilancias y seguimientos hechos al procesado. Esta prueba reveló que él trasladaba a la adolescente desde un inmueble situado en el centro de Quito hasta las avenidas 10 de Agosto y 18 de Septiembre, sitio donde ambas jóvenes eran explotadas sexualmente.
Luego de escuchar a las partes, la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó el recurso de apelación planteado por los procesados ratificando la pena máxima agravada impuesta a ellos en primera instancia y, además, el pago de una reparación integral de 5.000 dólares para cada víctima.
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