marzo 25, 2014
Sala Penal de Azuay ratificó llamamiento a juicio de procesados en el caso ‘Coopera’
Cuenca, 25 de marzo de 2014.- Los argumentos de la Fiscalía fueron acogidos por la Primera Sala de lo Penal del Azuay y se ratificó el auto de llamamiento a juicio a siete procesados por presunta participación en delito de peculado en el caso ‘Coopera’.
En la audiencia efectuada este martes 25 de marzo de 2014, cinco de los siete acusados solicitaron la nulidad y apelación al llamamiento a juicio, recursos que fueron rechazados por el juez por considerar que no existen causas que determinen la nulidad del proceso.
Alfredo Serrano, fiscal del caso, en su intervención manifestó que el informe solicitado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), en el que constan las irregularidades del manejo de la cooperativa, no debe ser excluido del proceso. Argumento que se obtuvo de manera legal y siempre estuvo a disposición de las partes. La defensa pidió que sea retirado del proceso.
Por su parte, la defensa de los procesados adujo que una de las razones para solicitar el recurso de nulidad fue porque el juez de Garantías Penales del Azuay, Miguel Arias, debió llamar a juicio con base en el dictamen acusatorio presentado por el fiscal. Es decir, como autores, cómplices y encubridores. Sin embargo, todos los presuntos involucrados están en el grado de autores del delito de peculado.
El fiscal Serrano explicó que, según el artículo 232 de Código de Procedimiento Penal, el juez tiene potestad para llamar a juicio en los términos que lo hizo si considera que en la investigación existen presunciones y responsabilidad de los procesados.
La Sala negó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, para que se llame a juicio a M.V.V, a quien el juez Arias le otorgó el sobreseimiento provisional. Por lo que la Fiscalía recabará nuevos elementos de convicción que determinen su presunta participación en el delito.
Datos:
La investigación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito (Coopera) se inició con base en un informe de auditoría remitida a la Fiscalía por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Según la auditoría, existirían indicios de presuntas irregularidades.