REMJA XI: países participantes establecen acuerdos para uso de nuevas tecnologías en beneficio de la justicia
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 456-DC-2021
Quito (Pichincha), 19 de mayo de 2021.- Luego de dos días de encuentro, concluyó la undécima Reunión de Ministros de Justicia u Otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas (REMJA-XI), en la que participaron las máximas autoridades en políticas de justicia de la Región bajo la temática “Las nuevas tecnologías al servicio de la justicia y la cooperación jurídica internacional en las Américas”.
En el encuentro, presidido por la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar Méndez, los delegados de los países participantes dialogaron sobre los problemas y posibles soluciones desencadenados por el confinamiento y distanciamiento social producto de la pandemia por Covid-19.
Los aportes de las delegaciones de naciones que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) permitieron la suscripción del documento de conclusiones y recomendaciones de la REMJA XI, en el que se plantean mejoras en los sistemas tecnológicos para procurar una atención oportuna y un acceso a los sistemas de justicia de forma eficiente.
Al cierre del encuentro, la fiscal Diana Salazar Méndez señaló que “las medidas tomadas como respuesta a la pandemia abrieron oportunidades para las instituciones que garantizan el acceso a la justicia. Nuestros sistemas se adaptaron al mundo digital, promoviendo el uso de las tecnologías para las actuaciones judiciales (…). Nos llevamos el ejemplo de delegaciones hermanas, que están trabajando en la creación de un marco normativo para dar legitimidad al uso de las nuevas tecnologías en los procesos judiciales, dejando atrás el hábito del papel, lo cual constituye un gran desafío”.
Luego de agradecer la presencia de todas las delegaciones, se declaró clausurada la undécima Reunión de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fiscales Generales de las Américas.
¿Qué es la REMJA?
Desde 1997, la REMJA cumple actividades de cooperación y capacitación jurídica, fomenta redes de cooperación horizontal e intercambio de información y se desarrollan herramientas como guías de buenas prácticas y leyes modelo, cuyo beneficiario final es la ciudadanía de cada país, luego de su aplicación en cada uno de los estados.
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