El grupo de procesados habría planificado y ejecutado actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (en Quito y Guayaquil). Una de estas fue la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para Covid-19 y de mascarillas, en medio de la emergencia sanitaria.
Con el apoyo de la Policía Nacional, Fiscalía ejecuta seis allanamientos simultáneos en Guayas y Pichincha, en los que cuatro personas son detenidas, presuntamente implicadas en el delito de delincuencia organizada.
El expresidente de la República, Abdalá B. O., y tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) son procesados por Fiscalía por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. La Jueza dicta arresto domiciliario (por ser mayor de 65 años) para el ex Mandatario, mientras que para los tres funcionarios de la AMT, Kléver Stalin A. H., Jhony Samuel O. T. y Leandro Germán B. R., ordena prisión preventiva.
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Jacobo B. P. arriba al Ecuador la noche del 25 de septiembre, tras haber sido expulsado de Colombia, en donde se encontraba de forma irregular; el vecino país le prohibe el ingreso por diez años.
La Fiscalía General del Estado vincula a Jacobo B. P. al proceso, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Tras haber analizado los elementos presentados por Fiscalía, Jueza le dicta prisión preventiva.
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Cuatro personas más son vinculadas al proceso. Para los ciudadanos extranjeros Oren Sh. y Orietta Isabel M. P. se ordena prisión preventiva, mientras que para los ecuatorianos Verónica Alexandra A. G. y Bryan Alexis P. V. se dispone presentaciones semanales y prohibición de salida del país, a pesar de que Fiscalía solicita prisión preventiva para el último.
Además, se ordena la retención de cuentas por 16.000 dólares y la prohibición de enajenar bienes por 49.222 dólares, por cada uno de los vinculados; la retención de dos vehículos y de 312.510 dólares y 385 euros incautados a los extranjeros al momento de su detención, que se encuentran ingresados en cadena de custodia.
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Para este día se había previsto la instalación de la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionada con supuestas irregularidades en la negociación de 21.000 pruebas rápidas para la detección de Covid-19, pero la diligencia no se instala.
En este causa son procesadas el expresidente de la República, Abdalá B. O.; su hijo Jacobo B. P., tres exfuncionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT) y cuatro personas más.
La defensa de los dos primeros solicita a la jueza de Garantías Penales, María Elena Lara, el diferimiento de la diligencia, pues la mañana del mismo jueves ambos abogados comparecieron a otra diligencia en Guayaquil. La Magistrada aceptó el pedido.
La audiencia que sí se tramita es la de procedimiento abreviado, a la que se someten Kléver A. y Jhonny S., exagentes de tránsito. Ellos aceptan su responsabilidad en los hechos y son sentenciados a cinco años de pena privativa de la libertad por el delito tipificado en el artículo 369, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La jueza Lara tiene pendiente notificar a las partes la nueva fecha y hora de la audiencia preparatoria de juicio de este caso.
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Si bien la instalación de la audiencia preparatoria de juicio estaba prevista para el 15 de abril, la defensa de Abdalá B. O. y Jacobo B. P. pidió su diferimiento. La jueza María Elena Lara dispuso nueva instalación para el 22 de mayo pero fue recusada por los mismos procesados, el 19 de mayo.
La nueva fecha de instalación será el martes 8 de junio de 2021.
La Magistrada que llevaba la causa decide declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso relacionado con la presunta delincuencia organizada en la comercialización de pruebas rápidas para la detección de Covid-19. En este caso están investigadas seis personas, entre ellas el expresidente Abdalá B., su hijo Jacobo B., dos agentes de tránsito y otras dos personas.
La Jueza acogió el pedido de la defensa de Jacobo Bucaram, que alegó que su cliente “no fue notificado con la orden de su detención 72 horas antes de su captura”.
Fiscalía apelará la decisión de la jueza Verónica Medina.
El recurso de apelación, planteado por la Fiscalía General del Estado al auto de nulidad emitido dentro del caso Pruebas Covid_19 – Agentes AMT por la jueza Verónica Medina, es aceptado.
La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, conformada por los jueces Patricio Vaca (ponente), Miguel Narváez y la jueza Anacélida Burbano, resuelve –por unanimidad– que dentro de las etapas de investigación previa e instrucción fiscal, la Fiscalía General del Estado no vulneró el derecho a la defensa de los procesados.
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La audiencia preparatoria de juicio no se instala, debido a que la defensa de Leandro B., exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, presentó una demanda de recusación contra la jueza María Elena Lara.
Se instala audiencia de evaluación y preparatoria de juicio y la Fiscalía General del Estado solicita que los siete procesados sean llamados a juicio –en calidad de autores– por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada.
Entre los acusados están el expresidente Abdalá B. O., su hijo Jacobo B. P., Leandro B. (exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito) y cuatro personas más, quienes presuntamente incurrieron en irregularidades en la negociación de 21.000 pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19.
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Fiscalía fundamenta su dictamen acusatorio con más de sesenta elementos de convicción en contra de 7 los procesados y solicita al juez Geovanny Freire que sean llamados a juicio.
Al concluir la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el juez Freire llama a juicio a Oren Sh., Leandro B. e Isabel P. Mientras que Bryan P., Abdalá B., Jacobo B. y Verónica A. son sobreseídos.
Ante esta decisión la Fiscalía presentó la respectiva apelación.
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Tribunal de Apelación reforma la sentencia de cinco años dictada contra los exagentes de la AMT, kléver A. y Jhonny S. y les impone la pena de tres años y cuatro meses, como colaboradores del delito de delincuencia organizada.
Un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dicta prohibición de salida del país contra Sheiman O. Los jueces acogen el pedido de Fiscalía, que solicita la revisión de las medidas cautelares por cuanto la medida de prisión preventiva dictada en contra del ciudadano israelí, en este proceso, está próxima a caducarse.
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Luego de acoger los argumentos expuestos por Fiscalía, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha acepta el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y llama a juicio a Abdalá y Jacobo B., como presuntos autores del delito de delincuencia organizada. Además, ratifica el estado de inocencia de los procesados Bryan P. y Verónica A.
Fiscalía expone que el juez de Garantías Penales, Geovanny Freire, no valoró correctamente los más de sesenta elementos de convicción presentados en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, por lo que sobreseyó a estas cuatro personas.
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Por cuarta vez –y de nuevo por pedido de la defensa del procesado Abdalá B. O.– se difiere la audiencia de juicio por delincuencia organizada contra cuatro acusados, prevista para el lunes 9 de enero de 2023.
Además de Abdalá B., su hijo, Jacobo B. P. y otras dos personas son procesados por presunta delincuencia organizada.
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