Prisión preventiva para procesados tras accidente de avioneta con droga en Montecristi

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 043-DC-2019

Imagen de boletín: Prisión preventiva para procesados tras accidente de avioneta con droga en Montecristi

Quito, 12 de marzo de 2019.- El Fiscal Especializado en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI), Marcelo Vásconez, formuló cargos en contra de los ciudadanos mexicanos Joe R.M. y Martín E. y del ecuatoriano Gabriel Manuel P.M., por su presunta participación en el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala, tras el accidente de una avioneta que transportaba droga.

Luego de acoger el pedido de la Fiscalía,  la jueza de la Unidad Multicompetente de Manta, Andreina Pinzón Alejandro, dictó orden de prisión preventiva en contra de los 3 procesados.

El fiscal Vásconez informó que la noche del domingo 10 de marzo se produjo el siniestro de la avioneta con matrícula extranjera N75RC Centurión, en el sector de Río Bravo, cerca de Montecristi, pasadas las 21:00.

El fiscal dispuso varias diligencias y pericias, entre ellas el levantamiento de indicios (droga, teléfonos celulares y satelitales), análisis de la sustancia que dio positivo para cocaína y barrido del sitio por cuadrícula. Además, se determinó la ubicación de una pista clandestina a unos 800 metros del accidente.

Según las investigaciones preliminares, la aeronave transportaba 35.200 gramos de clorhidrato de cocaína, en bloques que contenían un distintivo especial.

Las dos personas de nacionalidad mexicana, quienes iban a bordo de la nave, resultaron heridas y fueron trasladadas hasta el hospital Rodríguez Zambrano de Manta con custodia policial y se acogieron al derecho al silencio. Mientras que Gabriel Manuel P.M. fue detenido cerca del lugar del accidente, al parecer vigilaba la pista clandestina.

La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en el mencionado hospital, en virtud de que 2  de los procesados tienen politraumatismos por el accidente.

Dato:

Estas personas fueron procesadas según el artículo 220, numeral 1, literal d), del Código Orgánico Integral Penal, COIP, y podrían enfrentar una pena de hasta 13 años.

 

 

 

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