Prisión preventiva para presunto expendedor de droga
Guayaquil, 23 de junio del 2015.- A petición de la Fiscalía el juez de Garantías Penales del Guayas, Aquiles Dávila, dictó prisión preventiva contra Juan Ch., presunto expendedor de droga, mientras que a Fabio Z., le dispuso medidas alternativas debido a que se le encontró menor cantidad del alcaloide.
Los procesados fueron detenidos durante un operativo realizado la noche del 22 de junio del 2015, en un sector del suroeste de la ciudad de Guayaquil, donde presuntamente se dedicaban al comercio y distribución de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
En la diligencia, el fiscal Carlos Vaca presentó como elementos de convicción, el parte de las detenciones, el acta de verificación, pesaje y toma de muestra de la droga incautada, las versiones de los agentes aprehensores y la denuncia realizada por la ciudadanía.
Durante el allanamiento se decomisó 1.361 sobres de papel, los cuales contenían una sustancia blanquecina que en la prueba de campo dio positiva para cocaína, su peso bruto fue de 760 gramos.
En la audiencia, la Fiscalía determinó que Juan Ch., se le encontraron 600 sobres de cocaína, aproximadamente 78 gramos en peso bruto del alcaloide; mientras que a Fabio Z., se le decomisaron 60 sobres de la misma droga, que equivaldrían de 15 gramos del estupefaciente.
La Fiscalía busca determinar la pertenencia de otros 701 sobres, que fueron encontrados en el techo de la vivienda allanada, presumiblemente dejada por terceros para que sea recogida por expendedores del estupefaciente que pululan por el sector.
Según la fiscal que intervino en el operativo antidroga, el domicilio allanado está cerca de un colegio fiscal, en el cual presumiblemente los detenidos realizarían la venta directa de la droga a los adolescentes que estudian en la entidad.
La Fiscalía procesó a Juan Ch. y Fabio Z., de acuerdo al artículo 220 numeral 1 literales a y b, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por tráfico Ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
El juez Aquiles Dávila dispuso un plazo de 90 días para el cierre de la instrucción fiscal.