Prisión preventiva para ciudadanos acusados de tenencia y tráfico de drogas
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 448-DC-2020
Los procesados fueron detenidos en un allanamiento realizado a un domicilio ubicado en una urbanización de la vía a Daule, en donde se incautaron, además del alcaloide, armas de fuego, celulares y dinero en efectivo.
Guayaquil (Guayas), 26 de mayo de 2020.- Con la detención del ciudadano Francisco Javier R. P. y María José G. J., la Fiscalía continúa con las investigaciones de una presunta organización delictiva que estaría dedicada al tráfico de drogas, asesinatos y sicariato, y que guardarían relación con hechos delictivos suscitados en esta ciudad.
En operativo liderado por el fiscal César Peña y la Unidad de Inteligencia de la Brigada de Antinarcóticos del Guayas, el domingo 24 de mayo se logró la detención de dos personas en un domicilio ubicado en una urbanización privada, en donde fueron incautados 493 gramos de heroína embalados en cápsulas, tres armas de fuego, municiones de diversos calibres, 1.260 dólares en efectivo, un chaleco antibalas y un vehículo blindado.
Más tarde, en audiencia de flagrancia realizada la madrugada del lunes 25 de mayo en la Unidad Judicial del cantón Daule, el fiscal Leonardo Palacios presentó como elementos de convicción, el parte de aprehensión elaborado por la Policía Nacional, la prueba de identificación preliminar homologada y el acta de verificación y pesaje de la droga, así como las armas incautadas y el vehículo, ingresados en cadena de custodia.
El juez de garantías penales Wilmer Valencia acogió lo solicitado por la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Francisco Javier R. P. –que registra antecedentes por robo y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización– y María José G. J., y dispuso de treinta días para el cierre de la instrucción fiscal; los detenidos pasaron al centro penitenciario de Guayaquil.
La Fiscalía procesó este delito con base en lo dispuesto en el artículo 220, numeral 1, literal (d), a gran escala, del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona la posesión, distribución y venta de alcaloides, con pena privativa de libertad de diez a trece años.
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