Prisión preventiva para cinco exfuncionarios del gobierno anterior
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 238-DC-2019
Quito, 08 de agosto de 2019.- Los elementos de convicción esgrimidos por la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, durante el primer día de la audiencia de vinculación de veintidós personas al caso “Sobornos 2012-2016” –por concurso real de infracciones (cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias)–, fueron decisivos.
Por ello, la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, acogió las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía y dictó prisión preventiva para el expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G., los exministros Vinicio A. y Walter S. y también para Yamil M. Este último debido a que no existen las garantías para asegurar su presencia durante el proceso, ya que días atrás habría tratado de huir del país por la frontera sur.
También, la Magistrada dispuso que se oficie a la Interpol la emisión de la difusión roja para la inmediata localización y captura de Rafael C., Vinicio A. y Walter S., puesto que ellos se encuentran en calidad de prófugos de la justicia, al encontrarse vinculados en otros casos y no haber comparecido.
Respecto a los otros diecisiete vinculados, la Jueza ordenó su presentación los lunes y jueves: en la Corte Provincial del Guayas, para los residentes en esa provincia, y en la Corte Nacional de Justicia para quienes viven en Pichincha.
Con la excepción de Víctor F. y Cai R., quienes deberán presentarse a partir del lunes 19 de agosto.
Además dispuso la prohibición de salida del país y la enajenación de bienes por un monto de $1’072.312.
Respecto a la extensión de la etapa de instrucción fiscal, la Jueza manifestó que esta ya se concedió en la reformulación de cargos contra Alexis M. y María de los Ángeles D. –también vinculados– y que no puede extenderse más allá de 120 días, por lo que culminará el 29 de septiembre.
Las nuevas vinculaciones se producen debido a que Fiscalía ha recabado indicios –con base en pericias, investigaciones y testimonios– sobre la participación de los veintidós involucrados en los delitos que se investigan dentro de esta trama de corrupción, en la que presuntamente empresarios o intermediarios entregaban dinero –ya sea en efectivo o a través del cruce de facturas– a funcionarios públicos a cambio de contratos con el Estado u otros beneficios.
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