Prisión preventiva para 9 detenidos en operativo ‘Ilinizas 2’ por tráfico ilegal de migrantes

 

Operativo `ilinizas 2` dejó como resultado 10 detenidos la madrugada del viernes 11 de diciembre.  

Quito, 12 de diciembre de 2015.- Por su presunta participación en el delito de tráfico de migrantes, la Fiscalía formuló cargos en contra de 10 personas detenidas en el operativo ‘Ilinizas 2’. Este se ejecutó la madrugada de este viernes 11 de diciembre, de manera simultánea en las provincias de Pichincha, Guayas, Carchi y El Oro.

Gustavo Brito, juez de Garantías Penales de la Unidad de Flagrancia de Pichincha, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra nueve procesados. Además dispuso medidas sustitutivas para uno de los detenidos, es decir que se presente cada ocho días ante autoridad competente y la prohibición de salir del país.

Según las investigaciones de la Fiscalía, que se iniciaron en agosto del 2015, con el apoyo de la Policía y autoridades judiciales correspondientes, se realizaron seguimientos a los procesados y se estableció la existencia de indicios que comprobarían el cometimiento del delito.

La fiscal Tania Moreno, en la audiencia de formulación de cargos, señaló que las víctimas eran trasladadas a territorio ecuatoriano por la frontera con Perú en Huaquillas, El Oro. Luego eran trasladadas a Guayaquil, después a Quito. De ahí iban a Tulcán y a Colombia. De este país se transportaban vía aérea a Estados Unidos.

Por estos ‘servicios’, los procesados cobraban entre 15.000 a 50.000 dólares a cada víctima. Esta cantidad era pagada en varias partes hasta completar la totalidad según cómo avanzaba el traslado.

Como evidencias, la Fiscalía presentó documentos, pasaportes, celulares, dinero en efectivo e informes del material incautado durante los allanamientos.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, período en el cual la Fiscalía profundizará su investigación.

Dato

El delito de tráfico ilegal de migrantes está tipificado en el Art. 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece de 7 a 10 años de pena privativa de la libertad