Pena máxima por la violación a su sobrina nieta de 13 años

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 764-DC-2022

Latacunga (Cotopaxi), 06 de octubre de 2022.- Como autor directo de la violación a su sobrina nieta de 13 años, el Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi –por unanimidad– sentenció a José Antonio M. a veintidós años de pena privativa de libertad.

Según Fiscalía, en mayo de 2018, la víctima ingresó a una casa de salud debido a un aborto espontáneo. Allí, informó a uno de los médicos que le atendió, que fue víctima de agresión sexual por parte de dos tíos abuelos.

Uno de ellos, José Antonio M. le había llevado a la fuerza –por varias ocasiones– al lugar donde alimentaban a los animales, al baño y a su habitación para violentarle sexualmente. La amenazó con que la Policía los llevaría a la cárcel si decía algo.

En la audiencia de juicio, Fiscalía presentó el testimonio anticipado de la niña, en el que relató los hechos antes indicados, que fueron corroborados con el testimonio del médico legista, quien señaló que sufrió un aborto, producto de la violación.
Además, dieron su testimonio los agentes policiales que acudieron al llamado de verificación de una agresión sexual y el del psicólogo clínico, quien mencionó la presencia de una depresión por la agresión sexual de la cual fue víctima.

Se expusieron también los testimonios de sus padres y de la psicóloga y trabajadora social del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (Spavt), debido a que la niña era parte del mismo. Se presentó, además, el certificado de discapacidad intelectual de la agredida, el cual no fue tomado en cuenta por haberse obtenido posterior al inicio de la investigación.

Información jurídica

El conjunto de pruebas presentadas por Fiscalía fueron determinantes para que los jueces dicten sentencia condenatoria contra el procesado, según lo determina el artículo 171 del COIP, numerales 2 y 3, en concordancia con el inciso segundo del mismo artículo, numeral 4. El fallo también contempla la reparación integral a favor de la víctima y el pago de una multa de 600 salarios básicos unificados para el sentenciado.

 

 

 

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