Orden de prisión contra el exministro Javier C., procesado por enriquecimiento ilícito

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 027-DC-2024

Quito (Pichincha), 10 de enero de 2024.- Esta mañana, con base en 65 elementos de convicción, la Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Javier C., exministro de Estado, por su presunta participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

Al finalizar la diligencia, el juez nacional Marco Rodríguez dictó prisión preventiva contra el procesado y dispuso su localización y captura, para lo cual se oficiará a la Interpol para que rastree su ubicación, sobre todo en Colombia y Estados Unidos.

Además, ordenó la retención del dinero que mantenga el procesado en las cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de transferir, enajenar o mover bienes inmuebles y vehículos por un monto de 1’141.669,68 dólares.

En su intervención, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, indicó que entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2018, Javier Felipe C. ocupó varios cargos públicos en calidad de Ministro del Interior, Ministro de Recursos Naturales No renovables y Ministro de Minería.

Durante ese periodo existió un aumento patrimonial injustificado por parte del procesado, el cual se produjo de forma constante y continuada, a través de actividades financieras de diversa índole, como el pago de valores por parte de terceras personas en efectivo, cheques y transferencias por supuestas relaciones comerciales, societarias y préstamos sin que los mismos contaran con justificación o respaldo documentado alguno.

También con la compraventa de motocicletas, adquisición de vehículos con pagos efectuados por terceros, depósitos o transferencias de personas particulares y públicas, y la cancelación de deudas en sus tarjetas de crédito por ciudadanos con quienes no tenía relación comercial.

Entre los elementos de convicción presentados se incluyeron: el informe de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, como parte del examen especial a las declaraciones patrimoniales juradas del procesado.

Además, versiones y el informe de análisis financiero, del cual se desprende que la suma de los ingresos recibidos en las cuentas del procesado por terceras personas es de 224.886,20 dólares, el valor cancelado en las tarjetas de crédito es de 809.858,48, más 166.476,85 (monto cancelado por vehículos cuya procedencia se desconoce), lo que da un total de 1’141.669,68 dólares, monto que correspondería al presunto enriquecimiento ilícito.

La instrucción fiscal durará noventa días.

Información jurídica

Este caso se judicializa según lo determina el artículo 279, incisos 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

 

 

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