Negado recurso de apelación a la prisión preventiva al expresidente del CPCCS y 4 procesados más
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 160-DC-2020
Los jueces la Corte Provincial de Justicia del Guayas no detectaron vicios de procedimiento ni causas de nulidades en las investigaciones de Fiscalía, por lo que ratificaron la prisión preventiva contra cinco de los veintinueve procesados, que solicitaron el recurso.
Guayaquil (Guayas), 12 de febrero de 2020.- Los jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas rechazaron el pedido de apelación a la prisión preventiva solicitada por el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos T. Z., y otros cuatro procesados, y aceptaron los elementos de convicción hasta ahora recaudados por Fiscalía, en la investigación que sigue por asociación ilícita, tras su detención en el operativo “Emperador”, en el que 28 personas resultaron detenidas.
Los jueces Juan Paredes, Fabiola Gallardo y Carmen Vásquez, por unanimidad, rechazaron el pedido de apelación solicitada por José Carlos T. Z., Mario T. N., Hilda S. O., Patricio V. R. y Renata J. R., y ratificaron la prisión preventiva contra ellos.
Para el juez ponente, Juan Paredes, los elementos de convicción recopilados hasta hoy en la investigación no han variado desde la audiencia de formulación de cargos del 29 de noviembre de 2019, en Guayaquil, y tampoco detectó vicios de procedimiento ni causas de nulidades procesales, así lo dio a conocer en su resolución oral emitida a las partes procesales, la mañana de este miércoles 12 de febrero.
Los jueces determinaron, además, el traslado a un centro hospitalario de la procesada Renata J. R., por padecer una enfermedad compleja, disposición que deberá cumplirse en Ambato, donde guarda prisión, hasta que se restablezca y se recupere satisfactoriamente.
La Unidad de Administración Pública de la Fiscalía del Guayas abrió un proceso investigativo el 13 de septiembre de 2019, por una denuncia presentada por Carlos C. C., contra varios ciudadanos encargados de ofertar cargos en instituciones públicas, entre ellas, la Dirección de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas, Petroecuador, hospitales públicos y otras, y en las que cobrarían valores que iban entre 4 y 24 millones de dólares, específicamente, para los puestos gerenciales de estas instituciones.
El 28 de noviembre de 2019, la Fiscalía General del Estado lideró un operativo en coordinación con la Unidad de Anti Secuestro y Extorsión –UNASE– de la Policía Nacional, en las provincias de Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos, en el que 33 personas fueron detenidas tras la realización del denominado operativo “Emperador”.
El fiscal a cargo de las investigaciones, César Suárez Pilay, manifestó que –una vez que la Sala Penal rechazó el pedido de levantamiento de la prisión preventiva de los procesados– se espera cerrar la etapa de instrucción fiscal para el próximo 25 de febrero de 2020. Además, no descartó que hasta la fecha señalada se solicite una nueva audiencia de vinculación de más investigados, lo que extendería unos treinta días más la investigación.
A partir de ahí se podrá definir la fecha de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
El pasado 27 de diciembre, la jueza de Garantías Penales Marcela Ortega aceptó los elementos probatorios expuestos por Fiscalía y dictó sentencia condenatoria de un año de pena privativa de libertad por asociación ilícita para los ciudadanos Luis Tarquino L. B., Marco Vinicio V. C., Pablo Roberto Ll. y Sebastián T. P., luego de que fueran llamados a audiencia de procedimiento abreviado.
Dato jurídico
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica: cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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