Se trata de Spartan y Clearprocess, las cuales compraron, presuntamente, el mineral a personas sujetas al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).

El RISE es un régimen especial para pequeños empresarios, contribuyentes de impuestos, que sus ventas no superen 60.000 dólares anuales. Sin embargo, cada persona, en promedio reportó comprobantes por la suma de 850.000 al año.

En el proceso de verificación de los comprobantes de compra y venta, por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), también se habrían identificado otras  anomalías. Por ejemplo, existirían proveedores que aseguran no haber tenido relación comercial con esas empresas e incluso se detectaron casos de presunta adulteración de facturas.

Este es uno de los resultados de los informes que la Fiscalía solicitó a las entidades de control ecuatorianas, dentro de la causa que se sigue  por lavado de activos.

Esto, ante las presuntas irregularidades detectadas en las actividades de comercialización y exportación de oro, por parte de ambas empresas. Así como  el incierto origen del metal vendido a dos grandes comercializadoras en Estados Unidos.

Frente a esta situación, la fiscal Diana Salazar, a cargo del caso, impulsó el pedido de Asistencia Penal Internacional al país norteamericano para determinar los bienes y las operaciones bancarias realizadas por los principales accionistas de las empresas.

Además, se solicitó una auditoría contable por parte de peritos especializados, para determinar la legalidad de los documentos incautados.   

En otro informe, emitido por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), se revelan presuntas inconsistencias relacionadas con la cantidad de oro que exportaron  Spartan y Clearprocess a Estados Unidos. El informe detalla que la cantidad del material que salió del Ecuador fue superior a la recibida por ese país.

En este análisis consta que desde el 2012 hasta junio del 2016, ambas empresas habrían realizado 217 exportaciones de oro, número que es superior al compararlo con las 131 importaciones de ese metal, recibidas por el país norteamericano.

A esta conclusión se llegó luego de un análisis comparativo de los datos registrados en el sistema de exportaciones de Ecuador con el estadounidense, denominado Análisis de Datos e Investigación para el Sistema de Transparencia Comercial (DARTTS, por sus siglas en inglés).

Cristina Silva, directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), explicó que en este sector durante los últimos años se habrían realizado exportaciones por altos montos, que no han sido registrados.

Las cifras reportadas por ARCOM revelan que 37 toneladas produjo la minería desde el 2010 hasta el 2015. Mientras que 78 toneladas salieron del país en calidad de exportación.

Frente a esta situación, Silva aseguró que se iniciaron procesos de control con el fin de verificar la procedencia lícita del mineral. “El objetivo es determinar de dónde proviene el oro, a dónde se va y confirmar que tengan los permisos de ley”, explicó. 

El aporte de información por parte de cada entidad surge como resultado del trabajo de coordinación que lidera el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, para sustentar las investigaciones de diversos casos.     

Esta colaboración fue reconocida por Chiriboga Zambrano,  el pasado martes 9 de agosto, cuando informó a los medios de comunicación el avance del proceso penal con delegados de la SENAE, SRI, ARCOM, Unidades de Análisis Financiero (UAF) y de Lavado de Activos de la Policía Nacional.  

El Fiscal General informó que existen siete personas con prisión preventiva en este caso. Entre los detenidos se encuentran accionistas de las compañías involucradas, Spartan y Clearprocess. El 14 de septiembre se cerrará la investigación al cumplirse los 90 días de instrucción fiscal.