La Fiscalía intensificó la lucha contra la corrupción en el sector público durante el 2016
Por el fuero de Corte de los procesados, el fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, ha participado en diversas audiencias sobre causas iniciadas a partir de los IIRPs.
Quito, 31 de diciembre del 2016.- A la actual administración de la Fiscalía General del Estado le ha correspondido analizar y procesar 1.041 Informes de Indicios de Responsabilidad Penal (IIRPs). En total son 1.973 informes que la institución ha recibido entre 2007 y 2016.
La gestión de la Fiscalía permitió que en la actualidad ya se cuente con 245 sentencias (hasta septiembre del 2016). Otros 704 procesos iniciados a partir de los IIRPs se encuentran con diferentes salidas procesales, como instrucción fiscal, llamamiento a juicio y otras etapas.
Estos son los resultados de la gestión de la Fiscalía en la lucha contra los hechos de corrupción, que afectan a la administración pública.
Según el fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, las investigaciones y judicialización de estos actos de corrupción se aplican de igual forma para exministros, alcaldes, jueces y más funcionarios.
Además, este trabajo responde a la lucha contra la impunidad, uno de los propósitos fundamentales que se planteó el Fiscal General desde el inicio de su gestión, en el 2011.
Uno de los primeros pasos fue la constatación física a escala nacional de las causas iniciadas a partir de la IIRPs, remitidos por la Contraloría. Incluso se hizo un registro único de los procesos, lo que permitió solucionar la dispersión.
Sentencias contra un exministro y alcaldes
El 24 de noviembre del 2015, la Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria contra la exasambleísta Esperanza G., acusada por cohecho.
Entre estos casos están las siete causas penales que Fiscalía impulsa en contra del exministro del Deporte, Raúl C. En tres de las cuales incluso ya existen sentencias condenatorias.
En una de estas, el funcionario fue sentenciado a 8 años de pena privativa de libertad como autor de peculado, aunque los jueces de la Corte Nacional de Justicia redujeron la pena a 4 años, tras considerar las atenuantes presentadas por el abogado defensor.
Asimismo, en enero del 2016, Raúl C. fue sentenciado a 5 años de prisión por tráfico de influencias, a pesar de que la Fiscalía lo acusó por peculado.
Otro de los casos que tuvo avances importantes en el 2016 es el de Cofiec. En abril de este año, a Pedro D., Francisco E., Antonio B., Gastón D., Pedro Z., Marcelo O. se les ratificó la sentencia de 8 años de reclusión mayor por peculado bancario.
Dentro de esta lucha contra la corrupción también está la causa contra el exalcalde de Riobamba, Juan S, y otras 17 personas. Contra ellos, en enero del 2016, se ratificó las sentencias de entre 6 y 12 años.
La Fiscalía, en sus investigaciones, demostró que estos sentenciados cometieron peculado al transferir 12’308.261 de dólares del Municipio de Riobamba a 31 cuentas de terceros, sin ningún sustento legal.
Los IIRPs constituyen un requisito ineludible para que Fiscalía inicie los procesos por peculado y enriquecimiento ilícito, en que se encuentren implicados funcionarios públicos. Así lo establece el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal.
Monitoreo y sistema de alertas
La Fiscalía General del Estado tiene un modelo de gestión para registrar los IIRPs y controlar el estado de las causas iniciadas a partir de estos informes.
Mediante el Sistema Informático de Actuación Fiscal se garantiza, a escala nacional un sorteo aleatorio y automático para asignar los casos a fiscales de Administración Pública, Fe Pública o multicompetentes, de acuerdo con el delito.
Asimismo, la Fiscalía implementó la herramienta informática denominada M2A Contraloría, que permite monitorear en qué estado se encuentran los procesos judiciales.
Esta herramienta dispone de alertas semaforizadas; es decir, el color verde significa que el fiscal cumplió a tiempo la diligencia. Si aparece amarilla es porque la diligencia se hizo fuera de plazo y roja si esta no se cumplió.