La Corte Penal para la Unasur, un proyecto que vio la luz en el 2016
En septiembre del 2016, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, entregó la propuesta de la Corte Penal para la Unasur.
Quito, 30 de diciembre del 2016.- La propuesta inédita de crear una Corte Penal para la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) se cristalizó en el 2016. Este proyecto, iniciativa de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, fue trabajado durante cinco años e impulsado por su administración.
La propuesta ensambla a 12 sistemas jurídicos -sin interferir en los sistemas de justicia internos de los países que integran la Unasur- para combatir el crimen organizado, que ha evolucionado junto con los avances tecnológicos, producto de la globalización y la mundialización.
La Corte Penal persigue la comunión legal de las naciones para investigar y judicializar al menos nueve delitos de naturaleza transnacional como el narcotráfico, tráfico de personas, falsificación de medicamentos, delitos cibernéticos, tráfico ilícito de bienes culturales, entre otros.
“La idea surgió de la experiencia práctica de los fiscales de la región, se puede comprobar que las asistencias penales internacionales necesitan ser fortalecidas para luchar contra el crimen organizado”, enfatizó Galo Chiriboga al entregar formalmente el proyecto al representante del gobierno ecuatoriano, César Navas, Ministro Coordinador de Seguridad, el 15 de septiembre del 2016.
El representante del gobierno ecuatoriano comprometió la canalización del proyecto, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de las instancias correspondientes de la Unasur, para ser debatido, en el ámbito político y diplomático, en las instancias respectivas en la Unión.
Durante la presentación del proyecto en la sede de la Unasur, el secretario General del organismo, Ernesto Samper, dijo que la propuesta será “bien recibida” si llega a debatirse en el Consejo Sudamericano de Seguridad, de Justicia y de Lucha contra el crimen organizado de los gobiernos de la Unión.
Un proyecto trabajado durante cinco años
Reunión de AIAMP realizada en octubre del 2015 en Bolivia.
En más de 27 seminarios, conferencias y encuentros bilaterales realizadas al interior y exterior del país, el proyecto de creación de la Corte Penal se socializó y debatió para lograr la consolidación del texto.
Un comité interinstitucional, conformado por representantes de Fiscalía, Cancillería, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), desarrolló el proyecto. Asimismo, juristas nacionales e internacionales colaboraron con la madurez jurídica de la propuesta.
La idea es unir toda la capacidad de los países para que la Corte Penal opere, manifestó Galo Chiriboga “no será necesario crear un nuevo equipo policial ni servicios de investigación, sino que se integren los equipos del país de donde proviene la organización delictiva y de los países afectados”.
El proyecto manifiesta que la Corte Penal se conformaría por 12 magistrados elegidos por los mandatarios de los países que integran la Unasur, quienes nombrarían a la presidencia, secretaría general y conformarían las salas.
Se propone, además, el establecimiento de una Fiscalía Regional, elegida entre las postulaciones de los Estados Parte. Será autónoma e independiente de la Corte y cumplirá, entre otras, funciones investigativas, de análisis de casos presentados.
La Corte establecería sentencia de hasta 30 años de prisión por un delito y 40 años por acumulación de penas.
De esta manera, la Corte Penal no solo perseguirá a ejecutores de los delitos sino también a los cabecillas de las redes delictivas transnacionales, pues el delito (como el narcotráfico) que los operadores cometen en un país es dirigido por sus mandos, desde otro país, es el significado de la transnacionalidad.
Para enfrentar los delitos que rebasan las fronteras, es necesaria la integración de la región, porque es el presente y el futuro de Latinoamérica.
