La asambleísta procesada habría recibido beneficio económico indebido
Quito, jueves 28 de mayo del 2015.- La asambleísta de Esmeraldas, M.E.G.G., habría solicitado alrededor de 800.000 dólares como supuesta contribución para el Movimiento Alianza País (AP). Para esto, presuntamente, se aprovechó de un contrato para el cambio de la tubería de agua potable de Esmeraldas.
Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos contra la legisladora y dos personas más: M.E.S.B. y W.P.T.C., por su presunta participación en delito de cohecho.
Tras la audiencia de formulación de cargos del lunes 25 de mayo, la jueza nacional Silvia Sánchez dictó prisión preventiva contra los tres procesados, todos integrantes de AP.
El fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, dijo que con esta acción la legisladora habría participado en delito de cohecho. Es decir, que M.E.G.G. en virtud de su potestad como asambleísta habría recibido o aceptado beneficio económico indebido. A esto el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) lo estipula como cohecho.
De acuerdo con las investigaciones, el delito se habría cometido dentro del contrato entre la Empresa de Agua Potable San Mateo y la empresa particular Promocaledonia Ecuador C.A.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el Fiscal General presentó 28 elementos de convicción ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Uno de esos elementos fue la escritura pública del contrato para la renovación del sistema de tuberías de agua potable. En ese documento consta que el mismo es por 23’029.248,45 dólares y que fue firmado el 26 de julio del 2013. También se incluyeron versiones de los procesados, documentos sobre los contenidos de correos electrónicos de W.T. y M.G., entre otros.
Según la versión de W.T. dada a la Fiscalía luego de su aprehensión, el ahora procesado M.S. sería quien entregó el dinero a la asambleísta, como lo habrían acordado previo a la asignación del contrato. Por eso ahora M.S., quien fuera representante del Ejecutivo ante la Empresa de Agua Potable, también es procesado.
El dinero requerido habría sido entregado a la asambleísta de Esmeraldas en un inmueble de la ciudad de Quito. Además, que fue pedido, supuestamente, a nombre del vicepresidente de la República, Jorge Glas.
No se requirió de la autorización de la Asamblea
Para que la legisladora sea procesada por la Corte Nacional de Justicia no fue necesario contar con la autorización previa de la Asamblea Nacional.
Pues el hecho por el que se procesa a M.E.G.G. no se encuentra relacionado con sus funciones como legisladora. Así lo establece el artículo 128, inciso segundo, de la Constitución de la República.
Por lo que, además, la jueza Silvia Sánchez aceptó el pedido de Fiscalía de iniciar la instrucción fiscal por 90 días.
Durante este tiempo, la Fiscalía realizará una investigación integral y objetiva, como lo establece el artículo 21 del COIP. Al final de la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, que se realizará luego de los 90 días, decidirá si tiene los suficientes elementos para sostener una acusación fiscal.