Jueza es sentenciada a 3 años de prisión por prevaricato
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 790-DC-2019
El fallo también ordena la inhabilitación del cargo por seis meses.
Cuenca (Azuay), 23 de diciembre de 2019.- Sonia R., jueza de la Unidad Judicial Civil de Cuenca, fue sentenciada a tres años de privación de libertad, como autora del delito de prevaricato, por haber fallado contra ley expresa.
En la audiencia de juicio, que culminó la tarde de este lunes 23 de diciembre, el Tribunal de la Sala de Garantías Penales del Azuay, presidido por el juez Juan Carlos López, también dispuso la inhabilitación del cargo de la sentenciada durante seis meses.
Leonardo Amoroso Garzón, fiscal provincial del Azuay -en su teoría del caso- expuso que Sonia R. conoció una demanda interpuesta por una entidad financiera en contra de tres ciudadanos. Y que el 2 de octubre de 2017 dictó una sentencia, mediante la cual declaró con lugar la demanda y ordenó a los tres ciudadanos cancelar a la entidad financiera el monto económico adeudado.
Sonia R. motivó su fallo señalando que ellos no contestaron la demanda.
Luego de la notificación de la sentencia a las partes procesales, los tres ciudadanos presentaron el recurso de apelación, argumentando que si contestaron a la demanda. Ante esto, el 6 de octubre de 2017, la Jueza, sin tener competencia, declaró la nulidad de la sentencia y luego, el 4 de diciembre del mismo año, emitió una nueva sentencia, en la que también se ordenó el pago a favor de la entidad financiera.
Durante la audiencia de juicio, Fiscalía presentó el testimonio de uno de los demandados. También, como prueba documental, se expusieron copias de las dos sentencias, del auto de nulidad, del escrito de apelación, del escrito de contestación de la demanda, entre otras.
Además, el oficio de la Dirección del Consejo de la Judicatura del Azuay, en el que se certifica que Sonia R. se desempeña como jueza de la Unidad Judicial Civil de Cuenca.
Dato jurídico
El delito de prevaricato de las o los jueces o árbitros es sancionado en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con privación de libertad de tres a cinco años. Además, con la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses.
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