Juez ratificó prisión preventiva contra procesado por delito de odio
Quito.- En base a la exposición de la Fiscalía, el juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, Franz Valverde, ratificó la prisión preventiva contra el teniente del Ejército Fernando E., acusado del presunto delito de odio y discriminación racial contra Michael Arce.
En la audiencia de sustitución de medidas, realizada el 21 de agosto del 2013, el Juez se acogió al numeral b del artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, el cual señala que se puede sustituir una medida cautelar siempre que no se trate, entre otros, de un delito de odio.
En la diligencia, la fiscal Gina Gómez de la Torre expuso las razones por las cuales la Fiscalía no aceptaba una sustitución de medida a la prisión preventiva como solicitó la defensa del procesado.
También aclaró que la instrucción fiscal se sigue contra el teniente Fernando E. y no contra la institución militar.
Al final de la audiencia, la fiscal recibió insultos y reclamos de parte de familiares del procesado.
Asimismo, para evitar enfrentamientos y no exponer a la revictimización de Michael Arce, la Fiscalía le solicitó que no asista a esta audiencia.
El caso Arce es el primero por el delito de odio y discriminación racial que se judicializa en el Ecuador.
El procesado fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social No.4. El caso se encuentra en instrucción fiscal.
Datos
Michael Arce habría sido víctima del delito de odio, cuando era cadete en la Escuela Militar Eloy Alfaro. Ingresó a la mencionada Escuela, en septiembre del 2011 y habría sido afectado en su integridad por ser afroecuatoriano.
La agresión la provocó presuntamente el instructor de ese entonces, Fernando Encalada. Los castigos habrían sido fuertes y constantes que Arce pidió la baja “voluntaria”.
Como parte de su formación militar, según relató Gómez de la Torre en la audiencia de formulación de cargos del 3 de julio, Arce fue sometido a peleas de box contra cinco cadetes a la vez, y a otros tratos de odio y acoso.
La Fiscalía inició la indagación previa el 21 de mayo del 2012, en base a un informe de la Defensoría del Pueblo.