Judicializar crímenes contra la humanidad es una tarea pendiente en el Ecuador
Foto: Archivo.
Quito, 07 de noviembre del 2015.- La Fiscalía General del Estado lleva a juicio el primer caso por delitos contra la humanidad, en cumplimento de su compromiso jurídico con la sociedad ecuatoriana de investigar y llevar ante los jueces estos hechos sucedidos en Ecuador.
“Judicializar crímenes contra la humanidad es una tarea pendiente en el Ecuador. No significa perseguir políticamente”, enfatizó Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, quien sustanciará el caso “Vaca, Cajas, Jarrín” por detención ilegal, violencia sexual, tortura y desaparición forzada, en audiencia de juicio a realizarse el 9 de noviembre a las 11:00 en la Corte Nacional de Justicia.
“El Ecuador es gobernado bajo un sistema constitucional de justicia y de derechos, entonces es obligación nacional e internacional de la Fiscalía incluir en sus investigaciones las causas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, destacó Chiriboga Zambrano.
No se trata de persecución política porque la Fiscalía no acusará penalmente a la institución Fuerzas Armadas. La Fiscalía investigó y procesará, como resultado de esas indagaciones, a cinco exmilitares, entre generales y coroneles.
Las tres víctimas de este caso fueron detenidas ilegalmente, violentadas sexualmente, torturadas y desaparecidas de forma forzada. Conductas penales que en atención a las circunstancias en que se cometieron, configuran el delito de lesa humanidad. Los cinco acusados habrían pertenecido a la estructura de represión estatal con la que se gobernó el país entre 1984 y 1988, durante el mandato de León Febres-Cordero (+).
A este tipo de delitos se les conoce como crímenes de lesa humanidad porque son ordenados desde las altas esferas del poder y ejecutados por funcionarios estatales de las fuerzas del orden policial y militar con base en un plan previamente establecido. Además, por su gravedad son delitos que no prescriben, es decir, que aunque hayan sucedido hace muchos años se los puede investigar y judicializar porque el no hacerlo es un atentado contra el bien jurídico llamado humanidad.
Es necesario aclarar que persecución política significa una serie de acciones o maltratos persistentes en contra de un grupo específico de personas que se diferencian por sus forma de pensar, rasgos físicos, cultura o preferencia política.
La causa “Vaca, Cajas, Jarrín”, es investigada por la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía, bajo la coordinación de Chiriboga Zambrano, como parte de los 136 casos que la institución lleva en el tema de violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo al concepto teórico de Raúl Zaffaroni, referente mundial del Derecho Penal, “el crimen de Estado es un delito altamente organizado y jerarquizado, quizá la manifestación de criminalidad realmente organizada por excelencia”. Esto se conoce como terrorismo de Estado, fenómeno que no guarda relación con las características del delito común, sino con la infracción consecuencia de la macro criminalidad organizada.
Cabe destacar que la investigación y judicialización de casos de esta naturaleza también se realizan en otros países de América Latina y el mundo. Por citar, Argentina es referente a nivel regional porque dio el primer paso al llevar a las cortes a los responsables de la desaparición y muerte de más de 30.000 personas entre 1976 y 1981, durante la dictadura militar del general Rafael Videla.
Otra referencia es la decisión del juez español de Instrucción, Baltasar Garzón, que el 10 de diciembre de 1998 aceptó y dio trámite a la imputación en contra de Augusto Pinochet por crímenes de genocidio y lesa humanidad. En Perú, el ex presidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por crímenes contra la humanidad por las muertes, desapariciones y secuestros que se produjeron en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
La historia del caso “Vaca, Cajas, Jarrín”
El 10 de noviembre de 1985, Luis Vaca, Susana Cajas, Javier Jarrín quienes integraron el grupo Alfaro Vive Carajo, fueron detenidos en Esmeraldas por militares que les pidieron sus identificaciones.
Sin una orden judicial los llevaron al cuartel Batallón Montúfar y después al Batallón de Inteligencia Militar (BIM), ubicado en Conocoto, Pichincha.
En aquella época, se negó la detención de los tres ciudadanos. Pero a través de reportes de inteligencia se conoció que sí sucedió. Cajas y Jarrín estuvieron arrestados durante 15 días, tiempo en el cual sufrieron torturas físicas, psicológicas y sexuales como la desnudez forzada y otras formas de violencia sexual que conllevó una humillación particular, adicionada al resto de los tratos inhumanos y degradantes proferidos por los captores. Luego fueron liberados, según consta en el expediente fiscal.
Luis Vaca continuó en situación de desaparición forzada durante tres años, hasta eliminaron su registro de filiación del Registro Civil. Él fue liberado a mediados de 1988.