IV Congreso Interamericano de Ministerios Públicos: Fiscales Ambientales proclaman trabajo en defensa del ambiente
IV Congreso Interamericano de Ministerios Públicos
Fiscales Ambientales proclaman trabajo en defensa del ambiente
Luego de tres días y con “La Declaración de Quito” concluyó el IV Congreso Latinoamericano de Ministerios Públicos Ambientales que citó a más de 50 fiscales de América Latina.
El evento permitió intercambiar experiencias en torno al derecho ambiental penal. Se expusieron temas de interés común, que buscaron no sólo concientizar en los países de la región la problemática ambiental, sino también rescatar la necesidad de trabajar de manera conjunta.
Los expositores consideraron la importancia de la capacitación, la organización de la justicia y de las competencias ambientales, la relación del Ministerio Público con otros organismos de Estado y con la sociedad civil; así como la evaluación de la aplicación de normas ambientales por parte de la Judicatura y los operadores de justicia en los procesos civiles y penales.
El evento congregó a fiscales de México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, Brasil, España y Francia.
La Declaración de Quito se establecieron compromisos de trabajo a corto y mediano plazo.
PRIMERO.-. A dar seguimiento y fortalecer a esta iniciativa regional, desde nuestros respectivos países, a fin de fomentar la participación de los Fiscales, a través de la red y en los congresos que a futuro se realicen.
SEGUNDO.- A promover el apoyo de los Ministerios Públicos Latinoamericanos, para facilitar el cumplimiento de los objetivos propuestos, siendo necesario para ello incentivar a las Autoridades Administrativas, el Ministerio Público y la Judicatura de la adopción de medidas eficaces y eficientes para proteger el ambiente como la concesión de medidas cautelares.
TERCERO.- A promover la investigación y difusión de temas ambientales por parte de integrantes de la Red Latinoamericana de Ministerios Públicos a fin de estar a la vanguardia en el conocimiento de los temas ambientales privilegiando la actuación en prevención.
CUARTO.- Coadyuvar al fortalecimiento de la normativa ambiental nacional e internacional, a fin de que se promueva la eliminación de la asimetría en esta materia y se facilite la prosecución de estos delitos.
QUINTO.- A mantener la comunicación constante a través de medios electrónicos que permitan la retroalimentación, a través del intercambio de experiencias, inquietudes y probables soluciones, en materia ambiental.
SEXTO.- A promover la conservación de nuestro ambiente y desarrollar desde nuestros entornos, estrategias tendientes al efectivo cumplimiento de la normativa constitucional y legal.
SÉPTIMO.- Recomendar la creación de juzgados especializados en materia ambiental, en los distintos órdenes jurisdiccionales del Poder Judicial y que la labor del fiscal de investigación, se oriente también a la prevención del delito ambiental contando para el efecto con los apoyos de personal especializado y de los recursos técnicos necesarios.
OCTAVO.- Incentivar el establecimiento de alianzas estratégicas a fin de afrontar los problemas comunes ambientales de las Naciones Latinoamericanas para combatir y enfrentar a la criminalidad organizada en materia de delitos ambientales y propender a que la sociedad civil se involucre en la investigación criminal de los hechos que causan impactos al ambiente.
NOVENO.- Exhortar a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial a promover un diálogo interinstitucional, de carácter permanente, con miras a un mejor desarrollo, aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental.