Instrucción fiscal por caso de desvíos de fondos del Ministerio del Ambiente durará 30 días

Quito, 28 de mayo de 2012. (Red Fiscalía).- Una vez que se calificó la flagrancia por el presunto delito apropiación ilícita de cerca de 5,4 millones de dólares de los fondos del Ministerio del Ambiente, el juez que conoció el caso determinó el plazo de 30 días para que se cumpla la instrucción fiscal.
La Fiscalía inició la fase procesal el viernes 25 de mayo, luego de que el jueves 24 de mayo en la noche se detuviera a cinco servidoras de la Unidad Financiera de la mencionada Cartera de Estado, quienes presuntamente desviaron fondos públicos a cerca de 40 cuentas bancarias privadas de forma irregular.
Estos servidores de Ambiente son Ruth Alexandra Zurita Carpio; Lorena Alexandra  León Trujillo, Myriam Patricia Mendoza Andrade, María Amparo Gualpa Proaño y Ana de Lourdes  Laiquez Mullo, quienes desde el viernes permanecen con prisión preventiva.
Posteriormente y continuando con esta investigación, la Fiscalía organizó un nuevo operativo la noche del sábado 26 de mayo. En ese contexto, con la orden del juez de turno la Policía Judicial y los agentes fiscales, allanaron tres domicilios particulares.
El primero estaba ubicado en el barrio de Santa Ana, al sur de Quito. Ahí se detuvo a Lucio Zambrano Vera; operativo donde participó Henry Estrada Martínez, fiscal de turno; posteriormente Alexey Hoyos, fiscal que conoce la causa, llegó hasta el sector de El Inca, al norte de la ciudad, en este lugar, fueron detenidos: Jenny Veloz Sornoza, Laura Veloz Sornoza, Beatriz Sornoza y Washington Apolinario Meneses.
El último lugar allanado estaba ubicado en el valle de Los Chillos y ahí se detuvo a Henry López Freire, quien intentó huir a través de un lote de terreno abandonado. Con estas detenciones, de inmediato la Fiscalía inició, el domingo 27 mayo, la instrucción fiscal, por el delito de apropiación indebida de dineros del Estado, donde Miriam Constante,  juez de flagrancia ordenó la prisión preventiva de los seis procesados. Hasta el momento, once personas han sido procesadas por apropiación indebida de fondos públicos del Ministerio del Ambiente.