Informe de Inspectoría Policial concluyó que no hubo tiroteo en la farmacia
Quito, 21 de octubre del 2014.- En la farmacia Fybeca de la Alborada, norte de Guayaquil, no hubo un enfrentamiento armado entre la Policía y los presuntos delincuentes que el 19 de noviembre del 2003 habrían intentado asaltarla.
Así lo manifestó el testigo 16, Marcelo V., durante el segundo día de juicio. Él fue Inspector General de la Policía en noviembre del 2003 y elaboró un informe desde la Inspectoría General de la Policía ese mismo mes y año, donde incluye 22 conclusiones de su investigación respecto a los hechos sucedidos en la farmacia Fybeca, el 19 de noviembre del 2003.
Este informe fue introducido como prueba en el juicio por Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado.
De haber existido un cruce de balas, los vitrales del local habrían estado rotos, las perchas y los productos botados en el suelo. Así determina el informe de inspección ocular técnica que fue realizado por Criminalística después del operativo policial en la farmacia y que sustenta el Informe de Inspectoría Policial.
Además no se respetó la doctrina del uso progresivo de la fuerza y eso se refleja en los protocolos de autopsia practicados a los cadáveres de las ocho personas muertas en ese operativo policial (incluidos el mensajero y un cliente de la farmacia), concluyen que los impactos de bala se realizaron de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba.
Según el testimonio de Marcelo V., para elaborar este informe escuchó cerca de 52 versiones de personas que participaron en los hechos, además se practicaron ocho informes técnicos como pruebas de parafina, dirección de proyectiles, protocolos de autopsia y otros.
También se adjuntaron 61 anexos y un video con la noticia de un canal de televisión. Con todos estos elementos describieron lo sucedido en la farmacia.
El documento detalla también que Eduardo G., mayor de Policía que dirigió el operativo policial en Fybeca, desvió su misión, pues el operativo, supuestamente, se armó para capturar a alias “El Marino”, en Las Orquídeas, pero se desvió a la ciudadela La Alborada a detener un delito flagrante, por lo tanto desvió su misión.
Mal utilizó un equipo táctico del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) para contener un delito común, además no tenía autorización de sus superiores, quienes tampoco habrían sido comunicados de un operativo policial en Las Orquídeas.
A esto se incluye que solo una vez concluido el operativo, tras el resultado de ocho personas muertas, Eduardo G. informó sobre lo que pasó en la farmacia.
Asimismo, los testimonios de los testigos 14 y 15 que intervinieron en este segundo día introdujeron nuevos elementos de prueba que son favorables para la teoría del caso de la Fiscalía General del Estado.
Manifestaron que la actuación del GIR no fue legal porque no fue comunicada a sus superiores y no se informó de ningún operativo.
También se acotó, como prueba en el juicio, que la ruta directa para llegar a la Ciudadela Las Orquídeas a las 06:00 es la Perimetral, sin embargo, el operativo se desvió algunos kilómetros hacia la farmacia, cuya ruta es contraría a donde supuestamente estaba “El Marino”.
El juicio “Las Dolores” se sigue en contra de 11 personas por asesinato, bajo la modalidad de ejecución extrajudicial, constitutiva en una grave violación a los derechos humanos.
La audiencia se desarrolla ante el Tribunal Penal conformado por los jueces Wilson Merino, Paúl Íñiguez y Richard Villagómez en la Corte Nacional de Justicia.
Fiscalía investiga denuncia de dos procesados en caso Las Dolores
La Fiscalía abrió una indagación previa en enero del 2014 para investigar la denuncia de dos policías procesados en el caso Las Dolores que están con prisión preventiva quienes afirman que unos policías les ofrecieron su libertad a cambio de acusar al alcalde Jaime Nebot de conformar un grupo policial (en 2003) para eliminar delincuentes.
Al momento la investigación se encuentra en etapa de indagación previa.
Sin embargo, en opinión personal de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, no tiene sentido esa denuncia, pues ¿Cómo un policía puede ofrecer a otro policía su libertad por inculpar a un tercero?
“La libertad de una persona con prisión preventiva no depende de un Policía sino de los jueces y si ellos deciden hacerlo tiene que convocar a audiencia a donde acude también la Fiscalía”, acotó el Fiscal General.