COMUNICADO OFICIAL FGE NO. 006-DC-2017
La Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de los procedimientos legales, y tras la emisión del Informe del Examen Especial de la Contraloría General del Estado, al contrato de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en el Bloque Singue de la Región Amazónica, de año 2012, entre el Estado ecuatoriano –a través de la Secretaría de Hidrocarburos– y el Consorcio DGC –Integrado por las Compañías DYGOIL Consultoría y Servicios Petroleros Cia. Ltda.– Informa que ha iniciado la indagación previa con base a los indicios de responsabilidad penal en la contratación petrolera antes mencionada, que incluye a más de veinte ex funcionarios públicos y privados, algunos de los cuales gozan de fuero de Corte Nacional.
De igual manera, se ha dispuesto de forma inmediata, la realización de diligencias, recepción de versiones y solicitudes de información con relación a los hechos relatados en el Indicio de Responsabilidad Penal remitido por la Contraloría.
La Fiscalía General del Estado reitera su firme compromiso con la justicia y destaca que su actuación se enmarca siempre en el estricto respeto al ordenamiento constitucional y legal, al debido proceso y a la objetividad.
Quito, agosto 03 de 2017
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 045-DC-2019
Quito, 13 de marzo de 2019.- Con base en 53 elementos de convicción, la Dra. Ruth Palacios Brito, Fiscal General del Estado (e), formuló cargos en contra de Jorge G., exvicepresidente de la República, Carlos P.Y. exministro de Hidrocarburos y 8 personas más por su presunta participación en el delito de peculado, que se habría cometido en el proceso de licitación para la adjudicación, exploración y explotación del Bloque Singue, en Sucumbíos.
El juez Iván Saquicela, acogió lo solicitado por la Fiscalía y dictó prisión preventiva en contra del exvicepresidente y del exministro (actualmente detenidos en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga por otros delitos). En relación a los demás procesados, respetando el principio de lealtad procesal, al reconocer que colaboraron en todo el proceso y asistieron a todas las diligencias que se les ha notificado, el magistrado dispuso que se presenten todos los lunes entre las 14:00 y 17:00 en su despacho. Asimismo, les prohibió la salida del país.
Como medidas de caracter real en contra de los 10 procesados, el juez ordenó la prohibición de enajenar bienes y la retención de valores que estén a su nombre por el valor que se habría perjudicado al Estado, esto es USD. 28’479.889.
Sobre las investigaciones
A través de un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), se analizó el contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Bloque Singue, que reveló una serie de irregularidades en la negociación y firma de contrato de prestación de servicios entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Ecuador.
El IRP estableció que el equipo negociador calculó la tasa interna de retorno al 80% y no el 100% de las reservas probadas, consideradas para los 20 años de ejecución del contrato.
El bloque Singue con otros bloques, salieron a licitación en 2011, dentro de la décima ronda petrolera. Sin embargo, el contrato se firmó el 30 de abril de 2012 entre el Estado ecuatoriano representado por la Secretaría de Hidrocarburos y el Consorcio.
Sobre los procesados
La instrucción fiscal en este caso durará 90 días.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 126-DC-2019
Quito, 10 de junio de 2019.- La Fiscalía General del Estado vinculó a cinco personas, al proceso penal que se sigue por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la licitación para la adjudicación, exploración y explotación del bloque Singue, en la región Amazónica.
Los vinculados son Juan S., Jorge A., César G., Gustavo D. y Silvana P.
Por pedido de Fiscalía, el juez nacional Iván Saquicela dictó medidas cautelares de carácter personal y real, como la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez y la retención de bienes.
La fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, presentó alrededor de 60 elementos de convicción en contra de los procesados, mismos que hacen presumir su participación en el delito que se investiga.
La doctora Salazar precisó que esta investigación inició con base en el Informe DASE 044-2017, con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), emitido por la Contraloría General del Estado, en el cual se analizó el contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Singue, mismo que reveló irregularidades en la negociación y en la suscripción del convenio entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Ecuador.
Según la Fiscalía, estos cinco ciudadanos -inobservando la normativa legal- habrían aprobado la adjudicación del contrato que causó un perjuicio económico al Estado por 28’ 479. 889 de dólares.
En este caso están procesadas quince personas en total. A diez se les formuló cargos, el pasado 13 de marzo. Entre ellos constan Jorge G., exvicepresidente de la República; y Carlos P. Y., exministro de Hidrocarburos.
Estas personas son procesadas por su presunta participación en el delito de peculado, tipificado en el artículo 257, inciso primero, del Código Penal vigente a la fecha en que se cometió el hecho -subsumido en el artículo 278, inciso primero, del COP- y que contempla una pena de ocho a doce años de privación de libertad.
Con esta vinculación, el plazo de la instrucción fiscal aumenta 30 días más.
Sobre los procesados
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 099-DC-2019
Quito, 22 de mayo de 2019.- Con base en los argumentos presentados por la Fiscalía, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de apelación y ratificó la orden de prisión preventiva en contra de Jorge G., exvicepresidente de la República, procesado por su presunta participación en el delito de peculado, que habría cometido en el proceso de licitación para la adjudicación, exploración y explotación del bloque Singue, en la región Amazónica.
La fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez –en su intervención– expresó que en la audiencia de formulación de cargos, del pasado 13 de marzo, la Fiscalía motivó debidamente la solicitud para que se dicte esa medida cautelar en contra de Jorge G. y solicitó a los jueces que rechacen el recurso.
Agregó, además, que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referente a la prisión preventiva, pues existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito y la autoría del procesado.
La doctora Salazar se refirió también al delito de peculado, tipificado en el artículo 257, inciso primero, del Código Penal vigente a la fecha en que se ocurrió el hecho, que contempla una pena de ocho a doce años de privación de libertad.
La Fiscal General precisó que las investigaciones iniciaron con base en el Informe DASE 044-2017, con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría General del Estado, en el cual se analizó el contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Singue, mismo que reveló irregularidades en la negociación y firma entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Ecuador.
El procesado, Jorge G., como exministro de Coordinación de los Sectores Estratégicos y presidente del Comité de Licitación Hidrocarburífera, sin cumplir la normativa legal, habría aprobado la adjudicación del contrato que causó un perjuicio económico al Estado por más de 28 millones de dólares.
Información complementaria
Actualmente, el procesado se encuentra detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, cumpliendo una sentencia de seis años por asociación ilícita, dentro de la trama de sobornos de Odebrecht.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 420-DC-2019
Quito, 23 de septiembre de 2019.- La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de quince personas, entre ellos el exvicepresidente Jorge G., el exministro de Hidrocarburos, Carlos P. Y., y el exministro de Recursos no Renovables, Wilson P., por el presunto delito de peculado que se habría cometido en la licitación para la adjudicación, exploración y explotación del bloque Singue, en la región Amazónica, se desarrolla desde este lunes 23 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia.
En la primera parte de la diligencia, en la que participa la fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, las partes procesales trataron sobre las cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento.
En su intervención, la doctora Salazar mencionó que para la Fiscalía no existen vicios que afecten la validez del proceso y que la Institución trabaja de manera respetuosa bajo los principios legales y constitucionales, razón por la cual solicitó se desechen los pedidos de nulidad de la defensa de varios procesados. A este criterio se sumaron también los representantes de la Procuraduría y Contraloría General del Estado.
Tras haber analizado los argumentos, el juez nacional Iván Saquicela declaró la validez del proceso, pues no se hallaron vicios de procedimiento y procedibilidad que afecten la causa. Por esa razón dio paso a la segunda parte de la audiencia.
Luego de este pronunciamiento, la doctora Salazar presentó la acusación fiscal en contra de los quince procesados en calidad de autores y autoras del presunto delito, y posteriormente hizo una relación clara y sucinta de los hechos producto de la investigación.
Posteriormente, presentó un total de más de 120 elementos de convicción para sustentar la acusación y solicitó que los quince ciudadanos sean llamados a juicio.
La audiencia fue suspendida y su reinstalación se señaló para mañana, a las 09:30.
El caso
La investigación de la Fiscalía inició con base en el Informe DASE 044-2017, con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), emitido por la Contraloría General del Estado, en el cual se analizó el contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Singue, mismo que reveló irregularidades en la negociación y suscripción del convenio entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Ecuador.
Entre las conclusiones, el IRP señala que no debía realizarse la adjudicación, pues el oferente no cumplía con las bases para la contratación y no contaba con la experiencia necesaria en campos petroleros.
Se estableció que el equipo negociador calculó un valor de 33.5 dólares por barril de petróleo durante veinte años, cifra que –según las pericias solicitadas por Fiscalía– afectó a los intereses del Estado, pues la oferta no tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas para el bloque Singue.
Según la Fiscalía, estos ciudadanos –inobservando la normativa legal– habrían participado en la adjudicación del contrato que causó un perjuicio económico al Estado de aproximadamente 28’479.889 dólares.
Los procesados
Aprobaron los documentos de la oferta presentada por el Consorcio DGC:
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 427-DC-2019
Quito, 24 de septiembre de 2019.- Esta noche concluyó el segundo día de audiencia preparatoria de juicio en contra de quince personas. La Fiscalía General del Estado los procesa por su presunta participación en el delito de peculado que se habría cometido en la adjudicación del contrato para la exploración y explotación de crudo del bloque Singue.
Entre los procesados se encuentra el exministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge G.; el exministro de Hidrocarburos, Carlos P. Y.; y el exministro de Recursos no Renovables, Wilson P, quienes, junto con los demás procesados, habrían inobservando la normativa legal vigente, pues se adjudicó el contrato a una empresa que, según el Informe con Indicios con Responsabilidad Penal, no cumplía con las bases requeridas.
Según las primeras investigaciones de Fiscalía, la contratación habría producido un perjuicio al Estado de aproximadamente 28’479.889 dólares, tomando en cuenta que se hizo el cálculo de 33.5 dólares por barril de petróleo para la explotación durante veinte años, sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas para el bloque Singue.
Hasta el momento ya han participado en la audiencia la Fiscalía General del Estado, que realizó su acusación con la presentación de más de ciento veinte elementos de convicción.
Adicionalmente, se pronunciaron la Contraloría y la Procuraduría General del Estado (acusador particular).
También han intervenido las defensas técnicas de nueve de los procesados, incluidos Wilson P, Carlos P. Y. y Jorge G.
Al cierre de la jornada, el juez Iván Saquicela señaló que la audiencia se reinstalará mañana a las 9:00.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 437-DC-2019
Quito, 25 de septiembre de 2019.- Termina el tercer día de audiencia preparatoria de juicio en contra de quince personas, procesadas por un presunto delito de peculado. Hasta el momento, el juez Iván Saquicela ha escuchado la intervención de las partes procesales, quienes presentaron sus respectivos elementos de convicción con los cuales el magistrado podrá analizar si llama o no a juicio.
La Fiscalía General del Estado investiga a los procesados por su presunta participación en el delito de peculado, infracción que se habría cometido en la adjudicación del contrato para la exploración y explotación de petróleo del bloque Singue, en la provincia de Sucumbíos.
A lo largo de esta jornada, seis de los procesados presentaron sus elementos de descargo, lo que se complementó con las alegaciones de réplica por parte del resto de partes procesales.
Durante la audiencia, en respuesta a las reiteradas alusiones a que la Fiscalía, en este caso, ha actuado sin objetividad y obedeciendo a intereses políticos, la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, señaló que la Institución “actúa sin favor pero sin temor, pues su labor es perseguir hechos, no personas. No cedemos a presiones políticas”.
Con base en las primeras investigaciones de Fiscalía, el delito se habría cometido al momento de realizar el cálculo de 33.5 dólares por barril de petróleo, para la explotación del bloque durante veinte años, sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas. Este hecho habría generado un perjuicio para el Estado de aproximadamente 28’479.889 dólares. El juez Saquicela suspendió la audiencia y señaló su reinstalación para mañana a las 9:00.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 444-DC-2019
Quito, 26 de septiembre de 2019.- Durante el cuarto día de audiencia preparatoria de juicio, la Fiscalía General del Estado anunció su prueba y, una vez finalizada la etapa de exclusión de pruebas, solicitó al juez Iván Saquicela que llame a juicio a los quince procesados por su presunta participación en el delito de peculado, infracción que se habría cometido en la adjudicación del contrato para la exploración y explotación de petróleo del bloque Singue, en la provincia de Sucumbíos.
La doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, indicó que, en el caso de que así lo resuelva el Juzgador, durante la etapa de juicio, se practicarán 166 pruebas, entre documentales, periciales y testimoniales, con las que se probará la materialidad y responsabilidad de los procesados.
Procuraduría General del Estado, como acusador particular, y la defensa de los procesados también anunciaron sus medios probatorios.
Con base en las primeras investigaciones de Fiscalía, el delito se habría cometido al momento de realizar el cálculo de 33.5 dólares por barril de petróleo, para la explotación del bloque durante veinte años, sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas. Este hecho habría generado un perjuicio para el Estado de aproximadamente 28’479.889 dólares.
El juez Saquicela anunció que fijará nuevo día y hora para dar a conocer su resolución sobre si acoge o no el pedido de Fiscalía para llamar a juicio a los quince procesados.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 617-DC-2019
Quito, 14 de noviembre de 2019.- En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, el juez Iván Saquicela llamó a juicio a quince ciudadanos presuntamente implicados en el delito de peculado, cometido en la irregular adjudicación del contrato de exploración y explotación del bloque Singue, entre ellos el exministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge G.; el exministro de Hidrocarburos, Carlos P. Y.; y el exministro de Recursos no Renovables, Wilson P. Además, se ratificaron las medidas cautelares en contra de todos los procesados.
Esta decisión la tomó, acogiendo más de 120 elementos de convicción (incluidos informes periciales contable y de negociación petrolera), presentados por la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, para sustentar la acusación fiscal. El juez Saquicela señaló que, con base en lo expuesto por la Fiscalía, existirían serios indicios de la existencia de la infracción.
Las investigaciones de Fiscalía determinaron que el presunto delito se habría cometido al momento de realizar el cálculo de 33.5 dólares por barril de petróleo, para la explotación del bloque durante veinte años, sin tomar en cuenta el 100% de las reservas probadas. Ese hecho habría generado un perjuicio para el Estado de aproximadamente 28’479.889 dólares.
Este proceso inició con un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, en donde señala que la mencionada adjudicación no cumplía con los requisitos de licitación.
En 2012, la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda., y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato de prestación de servicios en el bloque ubicado en la provincia de Sucumbíos, para su explotación por veinte años.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 076-DC-2021
Quito (Pichincha), 25 de enero de 2021.- Tras haber analizado los elementos probatorios presentados durante la audiencia de juicio, Tribunal de la Corte Nacional, con voto de mayoría de los jueces José Layedra y Xavier de la Cadena, dictó sentencia contra el exvicepresidente Jorge G., los exministros Carlos P. Y. y Wilson P., y otras cuatro personas, al haber sido hallados culpables del delito de peculado, cometido en la contratación irregular de servicios de exploración y explotación del campo Singue.
Tras una deliberación que tomó casi tres meses, tiempo en el que los miembros de Tribunal evaluaron en su conjunto las pruebas presentadas, se emitió sentencia condenatoria de ocho años para Carlos P. Y., Jorge G., Wilson P. y César G. como coautores del delito de peculado, pues, como máximas autoridades en el sector petrolero, dispusieron arbitrariamente de recursos del Estado en beneficio propio y de terceros.
Mientras que Aníbal C., Gustavo D. y José B. (funcionarios de rango medio) fueron sentenciados a cuatro años en calidad de cómplices de la infracción, debido a que sus acciones coadyuvaron a la comisión del delito.
Para los procesados Lorena E., Alfonso J., Alfredo H., René D., Julio C., Francisco S., Jorge A. y Silvana P., quienes formaron parte de comisiones y que por su función solamente cumplieron disposiciones emanadas por autoridades, se ratificó su estado de inocencia, debido a que el Tribunal no encontró elementos suficientes en su contra.
Además, como reparación integral al Estado, se dispuso el pago de 5 millones de dólares, que deberán ser asumidos de forma proporcional al nivel de participación de los sentenciados. Para garantizar la medida de restitución, se ordenó el comiso de bienes de los condenados. Asimismo, que la sentencia se publique en tres medios de circulación nacional y las disculpas públicas por parte de los declarados culpables y cómplices.
También se dispuso que se remitan copias certificadas del proceso a Fiscalía para que inicie con la investigación de otros presuntos delitos, como tráfico de influencias, concusión, entre otros.
El voto salvado del magistrado Iván León difiere del de los otros jueces, debido a que –desde su análisis– no se ha comprobado la existencia del delito de peculado.
El Tribunal, en la lectura de la resolución, señaló que se demostró una disposición arbitraria de un recurso natural del Estado y que se articularon acciones en beneficio de propios y de terceros, con lo cual se configura el delito de peculado.
Con las pruebas presentadas por Fiscalía, se determinó que el delito de peculado se cometió al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue, adjudicado al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda., y la firma Gente Oil Development LLC (DGC), en la que se cometieron irregularidades, incumpliendo requisitos legales.
Durante dicho proceso, el perjuicio al Estado se habría producido al fijar un precio de 33,5 dólares por barril, es decir, menor al valor de la oferta inicial y que para llegar a esa cifra no se tomó en cuenta el 100% de las reservas probadas del hidrocarburo para este campo petrolero. El Tribunal añadió que los sentenciados contaban con información privilegiada sobre las reservas de crudo en Singue y que conocían que sus acciones no eran apegadas a la ley, por lo cual actuaron con dolo.
La sentencia escrita será entregada en las próximas horas a todos los sujetos procesales.
Fiscalía analiza apelar parte del fallo del Tribunal.