BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 035-DC-2018
Quito, 30 de enero de 2018.- Con base en informe de responsabilidad penal, pericia contable y a otros elementos de convicción, el Dr. Carlos Baca Mancheno formuló cargos ante el Juez Nacional Luis Enríquez, en contra de Walter S. y cuatro personas más por su participación en el delito de peculado. Las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía General fueron acogidas por el Juez quien dictó prisión preventiva, incautación de bienes muebles e inmuebles y la inmovilización de las cuentas bancarias de todos los procesados.
El delito se habría suscitado en el tiempo en el que Walter S. cumplía las funciones de Secretario Nacional del Agua. En dicho periodo, la cartera de Estado en mención, solicitó al Ministerio de Finanzas USD 8 millones para pagar obligación de una Acta de Mediación celebrada entre el ex CRM (Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí) y Ondeo Degremont. Pero parte de ese valor (USD. 2 millones 250 mil) se cancelaron al abogado Jorge M. y de esa cantidad USD. 199 mil a Jorge B. subcontratista de la compañía extranjera Ondeo Degremont fue utilizado para pagos a terceros. La cantidad restante (aproximadamente USD. 5 millones 600 mil) fue devuelto al Estado.
En total el Fiscal General del Estado, presentó más de 20 elementos de convicción para formular cargos a los procesados y el perjuicio económico para el Estado es de aproximadamente USD. 2 millones 218 mil desembolsados por SENAGUA, derivado de un contrato privado de honorarios suscrito entre el Ab. Jorge M y Onofre de Genna Arteaga -falleció.
Sobre los procesados
Datos:
En 2014, la compañía francesa envió una comunicación al Contralor General del Estado, indicando que la Superintendencia del Ecuador canceló el permiso de operación de la sucursal ecuatoriana de Degremont, el 21 de julio de 2005, fecha desde la cual dicha sucursal no ha tenido ningún tipo de operación ni presencia en la República del Ecuador. Igualmente, desde el 31 de julio de 2003, fecha en la cual expiró la última procuración judicial otorgada en la República del Ecuador, no nombró otros representantes ni procuradores para esa sucursal en el país por lo que se desconoce toda actuación, contrato o acuerdo de cualquier tipo que personas no autorizadas, incluyendo abogados hayan hecho en nombre de la compañía.
La instrucción fiscal durará 90 días.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 116-DC-2018
Quito, 25 de abril de 2018.- El Juez Nacional Luis Enríquez acogió el pedido del Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno, y vinculó al proceso por presunto delito de peculado -en el que también es investigado el exSecretario Nacional del Agua, Walter S.- a Jorge B., Wilson M., Carlos G. y Xavier N. Además, les dispuso la prohibición de salida del país, la presentación semanal ante el Presidente de la Corte Provincial de Manabí, el uso de dispositivo electrónico de vigilancia, la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de los fondos y activos en el sistema financiero nacional.
La Fiscalía presentó más de 20 elementos de convicción para basar su acusación. Los hechos se suscitaron a partir de 2012, periodo en el que Walter S. cumplía las funciones de Secretario Nacional del Agua, cuando se solicitó una asignación presupuestaria de USD 8,1 millones para cumplir con un acta de mediación suscrita en 2007 entre Senagua y la compañía Ondeo Degremont.
Según las investigaciones, este pago nunca fue cumplido por Senagua. Sin embargo, una parte de los recursos públicos asignados por el Ministerio de Finanzas, se utilizaron para pagar honorarios profesionales de Jorge M. (actualmente prófugo y a quien se le negó la sustitución de la medida cautelar a la prisión preventiva) y de Jorge B., abogados que actuaron en el litigio. Ondeo Degremont no estaba habilitada para realizar transacciones en el país y tampoco tenía representante legal desde julio del 2003, por lo tanto, a la fecha del supuesto cumplimiento del acta de negociación, ninguna persona podía actuar a su nombre.
Wilson M., Carlos G. y Xavier N, cumplían funciones púbicas en Senagua durante el supuesto cometimiento del delito y tenían pleno conocimiento del hecho. Jorge B., y Jorge M., recibieron los fondos públicos, lo que representa un perjuicio para el Estado de USD. 2’450.000.
Datos:
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 177-DC-2018
Quito, 01 de septiembre de 2018.- Cerca de 166 elementos de convicción presentó la Doctora Ruth Palacios, Fiscal General del Estado subrogante, al juez Nacional Luis Enríquez quien luego de analizarlos decidió llamar a juicio a Walter S., exsecretario Nacional de Senagua y a 5 personas más como presuntos autores del delito de peculado.
También, solicitó se mantengan las medidas cautelares impuestas en las audiencias de formulación de cargos y de vinculación realizadas el 30 de enero y el 25 de abril respectivamente, esto es la prisión preventiva, la incautación de bienes muebles e inmuebles y la inmovilización de las cuentas bancarias de los procesados Walter S., Marco R., Ninfa B., Jorge M., Cristóbal M., y Jorge B.
El delito se habría suscitado en el tiempo en el que Walter S. cumplía las funciones de Secretario Nacional de Senagua. En dicho periodo la cartera de Estado en mención, solicitó al Ministerio de Finanzas USD 8’269.805,51 millones para pagar la obligación de un Acta de Mediación celebrada entre el ex CRM (Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí) y Ondeo Degremont. Sin embargo, parte de ese valor, USD. 2’499.997,50 millones fue cancelado por honorarios profesionales al abogado Jorge M. y USD. 199.997,50 mil a Jorge B. subcontratista de la compañía extranjera Ondeo Degremont. La cantidad restante -aproximadamente USD. 5 millones 600 mil- fue devuelto al Ministerio de Finanzas.
El perjuicio económico para el Estado es de aproximadamente USD. 2’449.995,50 millones.
Sobre los procesados
Walter S., actualmente prófugo y con orden de prisión preventiva, solicitó al Ministerio de Finanzas aproximafamente, USD. 8 millones para el pago del Acta de Mediación. No obstante, parte de ese valor se utilizó para el pago de honorarios a terceras personas, ocasionando una afectación de recusos públicos.
Marco R., con presentación periódica ante la autoridad competente, con el uso del dispositivo de vigilancia electrónica y con la prohibición de ausentarse del país, en el lapso en el que se habría suscitado el delito, cumplió las funciones de Coordinador General de asesoría jurídica de la Senagua, tramitó toda la documentación y dispuso el pago para Jorge M., y Jorge B.
Jorge M., actualmente prófugo y con orden de prisión preventiva, es abogado en libre ejercicio.
Jorge B., con presentación periódica ante la autoridad competente, con el uso del dispositivo de vigilancia electrónica y con la prohibición de ausentarse del país, fue subcontratista de la compañía Ondeo Degremont S.A.
Ninfa B., actualmente prófuga y con orden de prisión preventiva. Ostentó el cargo de Jueza Quinta de la Niñez y Adolescencia de Manabí y fue quien aceptó la medida cautelar impuesta por Jorge M., para la cancelación de honorarios profesionales.
Cristóbal M., con presentación periódica ante la autoridad competente, con el uso del dispositivo de vigilancia electrónica y con la prohibición de ausentarse del país, ostentó el cargo de Juez Décimo Sexto de lo Civil de Manabí, quién sin ningún fundamento ni análisis, dispuso el pago a favor de Jorge M., y Jorge B.
Datos:
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 005-DC-2021
Quito (Pichincha), 04 de enero de 2021.- Por unanimidad, Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a ocho años de pena privativa de libertad a Walter S., exsecretario nacional del Agua, y a Marco R., excoordinador general Jurídico de Senagua, como autores del delito de peculado. Además, dispuso el pago solidario de 2’218.000 dólares, por concepto de devolución del perjuicio económico ocasionado al Estado, que será asumido por los dos sentenciados en partes iguales.
En relación a los otros procesados en este caso: Ninfa B., Cristóbal C., Jorge M. y Jorge B., los jueces les ratificaron el estado de inocencia, decisión que será apelada por la Fiscalía.
Asimismo, el Tribunal –integrado por los jueces Dilza Muñoz, Iván León y Daniella Camacho– dispuso que Fiscalía inicie las investigaciones por presunciones de enriquecimiento ilícito privado no justificado e infracciones tributarias respecto a los ciudadanos Jorge M. y Jorge B.; mientras que a Ninfa B. se la deberá investigar por su presunta participación en el delito de cohecho.
En la audiencia de juicio, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, demostró –con pruebas periciales, documentales y testimoniales– que, entre los años 2012 y 2013, Walter S. y Marco R. habrían utilizado la cantidad de 8’130.626,16 dólares para el supuesto pago de un acta de mediación, que también tendría irregularidades.
La investigación de Fiscalía señala que no se cumplió con el pago de dicha acta de mediación, pese a que estos recursos fueron gestionados con insistencia de Walter S. y Marco R. para este objetivo. Por el contrario, parte de estos recursos públicos habrían sido utilizados, desviados y entregados a terceros.