BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 051-DC-2019
Quito, 20 de marzo de 2019.- La fiscal especializada en violencia de género, Mariana Huilcapi, interpuso ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha un recurso de apelación a la medida sustitutiva de presentación periódica ante la autoridad, impuesta al ciudadano Jonathan Esteban P. A., procesado por violación con resultado de muerte de una adolescente de 15 años.
La tarde del domingo 17 de marzo de 2019, la fiscal formuló cargos en contra de tres personas: Christian Javier G.S., Víctor Hugo Ch.P. y Jonathan Esteban P.A. En esa diligencia la jueza de flagrancia, Eliana Carvajal, dicto prisión preventiva para los dos primeros pero dejó en libertad a Jonathan Esteban P.A. y con la medida de presentarse ante la Fiscalía, dos días a la semana.
El abogado de este procesado alegó que su representado cursa estudios superiores, arraigo que la jueza aceptó. Sin embargo, con base en el artículo 534 numeral 4 de Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Fiscalía solicitó prisión preventiva, ya que se trata de un delito cuya pena es mayor a un año de privación de libertad.
En este caso, el tipo penal que se investiga es el de violación con resultado de muerte (Art. 171 último inciso), que tiene una pena privativa de libertad entre 22 y 26 años.
Los hechos se remontan al 26 de agosto de 2018, en el sector del Comité del Pueblo, al norte de Quito, el cuerpo de la adolescente de 15 años fue encontrado en un terreno baldío. Al parecer unas seis personas estarían involucradas en este delito, los tres adultos (ya procesados) y otros tres menores de edad, cuya investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Adolescentes Infractores.
En un video, que consta como elemento de convicción en el proceso penal seguido por la Fiscalía Especializada de Violencia de Género, se observa cuatro personas botando el cuerpo de la víctima en el terreno baldío: tres adolescentes y un adulto: Christian Javier G.S., que ya se encuentra procesado y con prisión preventiva.
Otras diligencias
El lunes 18 de marzo de 2019, se realizó la exhumación del cadáver de la víctima para practicar un segundo informe de autopsia médico-legal. Al momento la Fiscalía se encuentra a la espera del resultado.
La Fiscalía ordenó la práctica de esta diligencia porque el primer informe de la autopsia médico-legal es contradictorio referente a la causa de muerte de la víctima: afirma que el cuerpo estaba totalmente cianótico (su causa es la asfixia), pero asegura que la causa de muerte fue una pancreatitis aguda.
Así también, la tarde y noche del miércoles 20 de marzo de 2019, bajo la dirección de la Fiscalía y con la presencia de los ciudadanos procesados, abogados defensores y acusación particular, se realizó la reconstrucción de los hechos en el Comité del Pueblo.
Cabe informar que este caso entró a la Fiscalía como acto administrativo en agosto del 2018 y al analizarse que los hechos corresponden al artículo 171 del COIP, se derivó a la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, de Casa de Justicia en Carcelén.
Dentro de la investigación previa, la fiscal del caso delegó diligencias investigativas a dos agentes policiales de la DINASED, quienes se negaron a realizar el trabajo. Adujeron –sin sustento alguno- que la “probable causa de la muerte es natural”. Entonces la Fiscalía solicitó y actualmente cuenta con el apoyo investigativo de la Policía Judicial y de la DINAPEN.
Dato:
El artículo 195 de la Constitución de la República determina que la Fiscalía General del Estado es la institución rectora de “la investigación preprocesal y procesal penal” en el Ecuador.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 053-DC-2019
Quito, 26 de marzo de 2019.- Para continuar con las investigaciones respecto a la participación de tres adolescentes en la causa de violación con resultado de muerte de Carolina A. de 15 años de edad, la Fiscalía Especializada en Adolescentes Infractores de Pichincha abrió dos procesos penales por los delitos de violación con resultado de muerte y fraude procesal. Ambas líneas de investigación permanecerán en instrucción fiscal por 45 días.
Violación con muerte
Los cargos presentados en contra del adolescente A.D.M.A. por el delito de violación con muerte, en audiencia de formulación de cargos realizada el 21 de marzo del 2019, incluye la versión libre y voluntaria rendida en la Fiscalía durante cuatro horas, donde relata algunas de las circunstancias que rodearon los hechos previos a la muerte de Carolina, suscitada el 26 de agosto de 2018, en el Comité del Pueblo.
El acta del levantamiento del cadáver de la víctima en un lote baldío en el Comité del Pueblo, que –según la versión de una testigo- habría sido trasladado y abandonado por cuatro personas, entre ellos tres adolescentes y por Christian G. (adulto procesado), también fue presentada ante el juez de Adolescentes Infractores.
Las versiones de la madre y de la hermana de Carolina, señalaron como uno de los posibles responsables del ultraje y deceso de la víctima, al adolescente ahora procesado, con quien mantuvo una relación de amistad y salió el día de los hechos. La versión del adulto Christian G. también involucra a A.D.M.A. como posible autor del delito que se investiga.
El adolescente se encuentra en internamiento preventivo ya que el delito de violación con resultado de muerte, detallado en el último inciso del artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), tiene una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. En materia de adolescentes infractores, el internamiento preventivo se ordena en delitos cuyas penas sean mayores a los 5 años de pena privativa de libertad.
Fraude procesal
Según las versiones de las dos adolescentes M.Y.T.C. y D.J.C.E., que duraron dos horas cada una, M.Y.T.C. llegó primero al lugar de los hechos. Ella habría ayudado trayendo ropa para cambiarle al cadáver y a retirar las prendas del cuerpo de Carolina; conjuntamente con el adolescente A.D.M.A. y el mayor de edad, Christian G., habrían limpiado el cuerpo.
Después llegó D.J.C.E. y los ayudó a los tres a trasladar el cuerpo hasta el lote baldío, donde lo abandonaron. Ambas adolescentes –según sus versiones- no tenían mayores vínculos de amistad con la víctima.
Con estos elementos, a más de las versiones de las testigos y de A.D.M.A. en contra de las referidas adolescentes, Fiscalía formuló cargos por el delito de fraude procesal, Art. 272, inciso segundo, en audiencia instalada el 22 de marzo de 2019.
Según el criterio de la Fiscalía Especializada en Adolescentes Infractores, se configura el fraude procesal porque las dos adolescentes habrían alterado y limpiado el cuerpo y la escena del crimen, tras la muerte de Carolina. Es un delito contra la eficiente administración de justicia, en donde el bien jurídico protegido es la tutela judicial efectiva.
M.Y.T.C. y D.J.C.E., permanecen con medidas alternativas al internamiento preventivo que son la prohibición de salida del país y la permanencia en el domicilio, en aplicación del Art. 324, numerales 1 y 4 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA). Esto porque el delito de fraude procesal tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años para adultos, entonces no se cumplen los presupuestos del Art. 330 literal a) del CONA (internamiento preventivo).
El artículo 272, inciso segundo del COIP determina la pena uno a tres años de privación de libertad por fraude procesal para “quien conociendo la conducta delictuosa de una o varias personas les suministren alojamiento o escondite, o les proporcionen los medios para que se aprovechen de los efectos del delito cometido, o les favorezcan ocultando los instrumentos o pruebas materiales de la infracción, o inutilizando las señales o huellas del delito, para evitar su represión (…)”.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 056-DC-2019
Quito, 27 de marzo de 2019.- En audiencia reservada instalada en la Unidad de Flagrancia de Quito, se inició un tercer proceso penal por los hechos que envuelven la muerte de la adolescente de 15 años, Carolina A.
La fiscal especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional de Pichincha, Thania Moreno Romero, formuló cargos por trata de personas con fines de explotación sexual contra el estadounidense Royce P. y el ecuatoriano Christian G.
Entre los elementos presentados en la audiencia se encuentran los informes de fijación de evidencias, que fueron levantadas en el operativo realizado la tarde del 26 de marzo del 2019 en el domicilio del Royce P. (65 años de edad), ubicado en el sector Quito tenis, al norte de la capital.
Incluyó también versiones, informe de inspección ocular técnica, fijación de las redes sociales donde los ciudadanos habrían mantenido conversaciones en alusión al caso que se investiga. Asimismo, invitaciones a las fiestas conocidas como ‘caídas’ (dirigidas a los adolescentes) y versiones de los vecinos del estadounidense con las quejas del conjunto habitacional por el ruido y la continua entrada y salida de jóvenes de la vivienda Royce P.
Al término de la audiencia, la Fiscalía inició instrucción fiscal de 90 días y el Juez dictó arresto domiciliario para Royce P., debido a que es una persona de la tercera edad. Sin embargo, le dio un plazo de 24 horas para señalar el domicilio donde cumplirá la medida, de lo contrario ordenará su prisión preventiva.
Respecto al arresto domiciliario, cabe destacar que el artículo 38 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador dice que “el Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores. En caso de ordenárseles prisión preventiva, se someterán a arresto domiciliario”.
En cuanto a Christian G., este es el segundo proceso abierto por la Fiscalía en su contra dentro de la causa de Carolina A. El ciudadano se encuentra con prisión preventiva dentro de la instrucción fiscal iniciada el 17 de marzo del 2019, por el delito de violación con resultado de muerte.
El operativo
La tarde del 26 de marzo, con la colaboración de las Unidades Contra la Trata de Personas; de Inteligencia Antidelincuencial; de Delitos Tecnológicos; y, del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, la Fiscalía allanó el domicilio del estadounidense.
En la diligencia, los criminalistas levantaron más elementos que también fueron presentados por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos, estas son: juguetes sexuales, fundas de marihuana, pastillas para la erección, USD 9.950 en efectivo, jabas de cerveza, computadoras con posibles fotografías de naturaleza sexual de menores de edad.
El estadounidense Royce P. habría captado a adolescentes entre 13 y 16 años (algunos del sector del Comité del Pueblo, barrio popular de Quito), para participar en caídas, organizadas en su domicilio.
En las fiestas, según las versiones recolectadas en las investigaciones de la Fiscalía, se distribuía alcohol y una vez embriagados, los habría incitado a tener sexo grupal para filmar y fotografiar. Uno de los captadores de adolescentes que trabajaba para el estadounidense sería Christian G.
Dato:
Por el caso de Carolina A. la Fiscalía inició tres procesos penales que actualmente se encuentran en instrucción fiscal: el primero por el delito de violación con resultado de muerte; en el cual ya están procesadas cuatro personas: 3 adultos y 1 adolescente.
El segundo por fraude procesal, en el que dos adolescentes están involucradas con medidas sustitutivas al internamiento preventivo.
Y el tercer proceso por trata de personas con fines de explotación sexual (art. 91 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal), en contra de dos ciudadanos, uno de ellos el estadounidense conocido como el ‘abuelo’.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 054-DC-2019
Quito, 27 de marzo de 2019.- La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti) de Pichincha, ejecutó un acto urgente para detener al ciudadano estadounidense Royce P., sospechoso del delito de trata de personas.
La fiscal especializada, Thania Moreno Romero, lideró el operativo la tarde del 26 de marzo, con la colaboración de las Unidades contra la Trata de Personas; de Inteligencia Antidelincuencial; de Delitos Tecnológicos; y, del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.
En el allanamiento al domicilio del ciudadano estadounidense -ubicado en el sector del Quito tenis, al norte de la capital ecuatoriana-, los criminalistas levantaron como evidencias juguetes sexuales, fundas de marihuana, pastillas para la erección, USD 9.950 en efectivo, jabas de cerveza, computadoras con posibles fotografías de naturaleza sexual de menores de edad y volantes de invitación a fiestas para adolescentes, conocidas como ‘caídas’.
El estadounidense Royce P. habría captado a adolescentes entre 13 y 16 años (algunos del sector del Comité del Pueblo, barrio popular de Quito), para participar en caídas, organizadas en su domicilio.
En las fiestas, al parecer, distribuía alcohol y una vez embriagados, los habría incitado a tener sexo grupal para filmar y fotografiar. Uno de los captadores de adolescentes que trabajaba para el ciudadano extranjero sería Christian G., procesado en el caso de violación con resultado de muerte de la adolescente Carolina A.
Dato:
Por los hechos que rodean la muerte de la adolescente de 15 años, Carolina A., la Fiscalía abrió dos investigaciones: por el delito de violación con resultado de muerte; en el cual ya están procesadas cuatro personas: 3 adultos y 1 adolescente. Y por fraude procesal, en el que dos adolescentes están involucradas. Ambos procesos están en instrucción fiscal.
De la detención del estadounidense, conocido también como ‘abuelo’ por sus 65 años de edad, la Fiscalía formulará cargos en las próximas horas, con lo que se iniciará un tercer proceso.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 109-DC-2019
La diligencia está convocada para este viernes 31 de mayo de 2019, a las 08:15.
Quito, 30 de mayo de 2019.- La audiencia preparatoria de juicio en contra del adolescente A.D.M.A., por el delito de violación con resultado de muerte de Carolina A., fue convocada para este 30 de mayo, en la Unidad Judicial de Adolescentes Infractores. Sin embargo, los dos abogados defensores del procesado solicitaron el diferimiento de la diligencia, con la presentación de certificados médicos otorgados por centros de salud pública de Quito. Los documentos dicen que ambos padecen de infección intestinal.
Para esta audiencia, el Fiscal Especializado en Adolescentes Infractores presentará su dictamen acusatorio sobre la base de elementos de prueba instrumentales, testimoniales y documentales, recabados en la etapa de instrucción fiscal, iniciada el 21 de marzo de 2019.
El artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia (CONA) dispone la aplicación de medidas socioeducativas por delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). En el numeral 3 del citado artículo, para los casos de delitos sancionados con privación de libertad superior a 10 años en el COIP (de veintidós a veintiséis años de prisión violación con muerte), se prevé la aplicación de la medida de amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años.
El régimen de adolescentes infractores tiene la garantía de reserva, según el artículo 317 del CONA “(…) se respetará la vida privada e intimidad del adolescente en todas las instancias del proceso. Las causas en que se encuentre involucrado un adolescente se tramitarán reservadamente (…). Se prohíbe cualquier forma de difusión de informaciones que posibiliten la identificación del adolescente o sus familiares”.
Fiscalía contra la impunidad
Por los hechos que rodean la muerte de la adolescente Carolina A., ocurrido el 26 de agosto de 2018, la Fiscalía General del Estado procesó penalmente a siete personas, de las cuales tres son menores de edad.
Por el delito de fraude procesal, seguido en contra de las adolescentes M.Y.T.C. y D.J.C.E., está prevista la audiencia preparatoria de juicio para el 5 de junio, a las 08:00. En este caso, las menores procesadas habrían limpiado el cuerpo de la víctima y la escena del crimen.
La instrucción fiscal abierta por trata de personas con fines de explotación sexual se cierra el próximo 25 de junio. Están procesados los ciudadanos Royce P. y Christian G.
En cuanto al proceso por violación con resultado de muerte, seguido en contra de los ciudadanos Jonathan P. Christian G. y Víctor Ch., la instrucción fiscal se cierra el 15 de junio.
La actual administración de la Fiscalía General del Estado es estricta en su compromiso con los sectores más vulnerables de la sociedad, aún más si se trata de niños, niñas y adolescentes.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 113-DC-2019
El 10 de junio de 2019, a las 08:15, se instalará la audiencia de juzgamiento.
Quito, 31 de mayo de 2019.- A.D.M.A., adolescente de 16 años, fue llamado a juicio con base en cincuenta y cinco elementos de prueba presentados por la Fiscalía Especializada en Adolescentes Infractores. El dictamen acusatorio de la Fiscalía lo señaló como autor del delito de violación con resultado de muerte, infracción prevista en el Art. 171 último inciso del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La juzgadora de la Unidad Judicial de Violencia No. 1 y Justicia Juvenil de Quito, en la audiencia preparatoria de juicio instalada el 31 de mayo, aceptó todos los elementos de prueba presentados por la Fiscalía, mismos que serán exhibidos y analizados en la audiencia de juzgamiento, convocada para el próximo 10 de junio de 2019.
Los indicios encontrados en la investigación fiscal –expediente compuesto por 23 cuerpos procesales– son versiones de testigos, informes periciales de los contenidos de vídeos, de la extracción de la información de la red social del adolescente procesado y de la víctima; informe de autopsia que determina cómo fue la muerte violenta de la ofendida, la reconstrucción de los hechos y otros.
De forma reservada, la audiencia preparatoria de juicio se desarrolló durante siete horas. En los exteriores de la Unidad Judicial –resguardada por agentes policiales– aparcaron unos quince adolescentes, amigos del menor procesado; mientras que en el interior del recinto se encontraban los familiares de la víctima.
Los hechos que investigó la Fiscalía dentro de este proceso de violación con resultado de muerte, tienen que ver con el fallecimiento violento de la adolescente Carolina A., de 15 años, sucedido la madrugada del 26 de agosto de 2018.
Las investigaciones de Fiscalía
Por la muerte de la adolescente, desde marzo de 2019, siete personas fueron procesadas por la Fiscalía General del Estado. Los expedientes penales se abrieron por varios delitos.
Por fraude procesal, las adolescentes M.Y.T.C. y D.J.C.E. afrontarán la audiencia preparatoria de juicio, prevista para el 5 de junio, a las 08:00. Ellas habrían alterado la escena del crimen al limpiar el cuerpo de la víctima.
La instrucción fiscal por violación con resultado de muerte, abierta en contra de los ciudadanos Jonathan P., Christian (alias Careniña) y Víctor Ch., se cierra el 15 de junio. Mientras que el juicio para el adolescente A.D.M.A. será el 10 de junio.
Finalmente, en el proceso de trata de personas con fines de explotación sexual existen dos procesados: Royce P. (alias Abuelo) y Christian G. (alias Careniña). La instrucción fiscal se cierra el próximo 25 de junio.
Información de interés
La aplicación de medidas socioeducativas por delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), están determinadas en el artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia (CONA).
El numeral 3 de dicho artículo prevé que para los casos de delitos sancionados con privación de libertad superior a diez años en el COIP (de veintidós a veintiséis años de prisión por violación con muerte), se determina la aplicación de la medida de amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años.
Según el artículo 317 del CONA, el régimen de adolescentes infractores tiene la garantía de reserva: “Las causas en que se encuentre involucrado un adolescente se tramitarán reservadamente […] se prohíbe cualquier forma de difusión de informaciones que posibiliten la identificación del adolescente o sus familiares”.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 119-DC-2019
Las adolescentes sentenciadas ofrecieron disculpas a la administración de justicia por ocultar indicios y alterar la escena.
Quito, 05 de junio de 2019.- Las adolescentes M. Y. T. C. y D. J. C. E. recibieron la máxima condena dispuesta en el régimen de adolescentes infractores para el delito de fraude procesal.
Fueron sentenciadas con medidas socioeducativas, consistentes en un llamado de atención verbal a ellas y a sus padres, recibir orientación psico-socio-familiar y un año de libertad condicional asistida.
Esta resolución fue adoptada en la audiencia preparatoria de juicio, en la cual la Fiscalía Especializada en Adolescentes Infractores emitió su dictamen acusatorio por el delito de fraude procesal.
Las medidas socioeducativas son las más altas dispuestas en el artículo 370 (numeral 1, literal d) del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA), por el delito de fraude procesal que –en el régimen de adultos– conlleva una pena privativa de libertad de tres a cinco años.
La libertad condicional asistida para las dos adolescentes significa que serán sometidas a seguimientos y control por parte del Estado, a través del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (PPL) y Adolescentes Infractores.
En la sentencia, la Jueza de Adolescentes Infractores también recomendó reforzar el valor por la vida que deben tener las menores sentenciadas, quienes estarán acompañadas de su familia en el proceso socioeducativo, que involucra –además– reglas de conducta.
Durante la audiencia
En el desarrollo de la diligencia preparatoria de juicio, la jueza –por pedido y aceptación de las partes procesales– decidió aplicar la remisión judicial, que permite sancionar a ambas menores de edad sin necesidad de agotar la etapa de juicio.
La remisión judicial, contemplada en el art. 351 del CONA, es una medida de solución anticipada que da oportunidad al adolescente infractor de aceptar la sanción por el delito que se le investiga. Pero no quiere decir que acepte el hecho punible.
Las adolescentes se disculparon
Las dos menores de edad ofrecieron disculpas a la administración de justicia por ocultar los indicios. El 26 de agosto de 2018, día en que murió Carolina A., la adolescente M. Y. T. C. llegó primero al lugar de los hechos. Llevó ropa limpia para vestir el cuerpo de la víctima y retiró las prendas sucias del cuerpo de Carolina. Conjuntamente con el adolescente A. D. M. A. y el mayor de edad, Christian G., limpiaron el cadáver.
Después llegó D. J. C. E. y ayudó a los tres a trasladar el cuerpo hasta el lote baldío, donde la abandonaron. Ambas adolescentes –según sus versiones– no tenían mayores vínculos de amistad con la víctima.
Según el criterio de la Fiscalía Especializada en Adolescentes Infractores, se configura el fraude procesal porque las dos adolescentes habrían alterado y limpiado el cuerpo y la escena del crimen, tras la muerte de Carolina.
Los otros procesos
Las Fiscalía General del Estado continúa con la investigación de los hechos que desembocaron en la muerte de Carolina A.
Para el lunes 10 de junio está convocada la audiencia de juzgamiento por el delito de violación con resultado de muerte, para el adolescente A.D.M.A.
La instrucción fiscal abierta por trata de personas, con fines de explotación sexual, culmina el 25 de junio de 2019. Es este caso están procesados Royce P. (alias Abuelo) y Christian G. (alias Careniña).
Además, el 15 de junio de 2019 termina la instrucción fiscal por violación con resultado de muerte, abierta en contra de Christian G. (alias Careniña), Víctor Hugo Ch. y Jonathan Esteban P. A.
TOME EN CUENTA
El fraude procesal es un delito contra la eficiente administración de justicia, en el que el bien jurídico protegido es la tutela judicial efectiva.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 138-DC-2019
Esta es la segunda sentencia condenatoria obtenida por la Fiscalía en este caso. La primera fue por fraude procesal.
Quito, 17 de junio de 2019.- La máxima pena de ocho años de internamiento institucional (medida socioeducativa) recibió el adolescente A.D.M.A., por el delito de violación con resultado de muerte de Carolina A., de 15 años de edad. También, la orden de recibir un tratamiento psicológico y ofrecer disculpas públicas a los padres de la víctima.
La Jueza de Adolescentes Infractores sustanció la sentencia condenatoria sobre la base de más de cuarenta pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Adolescentes Infractores de Pichincha, en la audiencia de juzgamiento que se desarrolló el 10 de junio y se reinstaló la tarde de este lunes 17.
Al motivar su sentencia, entregada de forma oral en audiencia privada, se concluyó que antes de la muerte violenta por asfixia, existió agresión sexual. La noche previa al fallecimiento de la víctima –ocurrida el 26 de agosto de 2018– la madre de Carolina dijo que ella salió con el adolescente.
Asimismo, la víctima estuvo con el adolescente en uno de los dormitorios del inmueble donde ocurrió el deceso, según los testimonios presentados durante la audiencia de juicio. Antes del mediodía del 26 de agosto, se percataron de que Carolina ya no reaccionaba, la limpiaron, cambiaron de ropa y la dejaron en el lote baldío.
Durante el proceso penal, el adolescente A.D.M.A no entregó su ADN para las comparaciones genéticas con las muestras recuperadas del cuerpo de la víctima; tampoco participó en la reconstrucción de hechos, se negó a entregar su perfil de identidad para compararlo con los videos recolectados durante el proceso y rechazó la práctica de pericias médica, psicológica y de trabajo social. Finalmente se acogió al derecho constitucional al silencio. Es decir: no colaboró con las investigaciones de la Fiscalía.
Los otros procesos
El 5 de junio de 2019, las adolescentes M.Y.T.C. Y D.J.C.E. recibieron la máxima sentencia dispuesta en el régimen de adolescentes infractores para el delito de fraude procesal. Fueron sentenciadas con medidas socioeducativas consistentes en un llamado de atención verbal a ellas y a sus padres, recibir orientación psico-socio-familiar y a un año de libertad condicional asistida. Las dos menores de edad ofrecieron disculpas a la administración de justicia por ocultar los indicios.
Por trata de personas con fines de explotación sexual, se abrió una instrucción fiscal que culmina el 25 de junio de 2019. Es este caso están procesados Royce P. (“Abuelo”) y Christian G. (“Careniña”).
Además, el 15 de junio de 2019 se cerró la instrucción fiscal por violación con resultado de muerte, abierta en contra de Christian G. (“Careniña”), Víctor Hugo Ch. y Jonathan Esteban P. A. En este caso quedan por realizarse diligencias solicitadas por la defensa de Christian G. a última hora y despachadas por la Fiscalía, el viernes 14.
Información legal
La aplicación de medidas socioeducativas por delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) están determinadas en el artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia (CONA).
El numeral 3 de dicho artículo prevé que para los casos de delitos sancionados con privación de libertad superior a diez años en el COIP (de veintidós a veintiséis años de prisión violación con muerte, art. 171 último inciso), se determina la aplicación de la medida de amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 186-DC-2019
Quito, 11 de julio del 2019.- La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) vinculó a Carlos E., Christian A. y Jonathan P. por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, dentro del caso Carolina A.
Durante la audiencia, desarrollada en el Complejo Judicial Norte, se detalló que los tres procesados ayudaban a Royce P., alias “Abuelo”, a captar menores de edad y de bajos recursos económicos en colegios del sector del Comité del Pueblo, en el norte de Quito, para llevarlos a las denominadas «caídas». En una de estas “fiestas”, el 26 de agosto de 2018, ocurrió la muerte violenta de Carolina A., adolescente de 15 años.
En un principio, el 21 de marzo de 2019, se abrió la etapa de instrucción fiscal, por trata de personas con fines de explotación sexual, en contra de alias “Abuelo” y Christian G., alias “Careniña”, quienes –según las investigaciones, habrían captado a adolescentes de 13 a 16 años para que participen en fiestas, en las que, entre otras cosas, se les embriagaba y ordenaba tener sexo grupal y otros actos, que supuestamente eran fotografiados y filmados–.
Esa etapa concluyó el pasado 25 de junio. Sin embargo, con la vinculación de Carlos E., Christian A. y Jonathan P. se ampliará por 30 días más. Además, el juez dispuso la presentación periódica de los procesados y la prohibición de salida del país.
Otros procesos dentro del caso
El 5 de junio de 2019, las adolescentes M.Y.T.C. Y D.J.C.E. recibieron la máxima sentencia dispuesta en el régimen de adolescentes infractores para el delito de fraude procesal. Fueron sentenciadas con medidas socioeducativas, consistentes en un llamado de atención verbal a ellas y a sus padres, recibir orientación psico-socio-familiar y a un año de libertad condicional asistida. Además, las dos menores tuvieron que ofrecer disculpas ante la administración de justicia por ocultar los indicios.
El 17 de junio, el adolescente A.D.M.A. recibió la máxima pena de ocho años de internamiento institucional (medida socioeducativa), por el delito de violación con resultado de muerte de Carolina A. También, la orden de recibir un tratamiento psicológico y ofrecer disculpas públicas a los padres de la víctima.
Además, el 15 de junio de 2019 se cerró la instrucción fiscal por violación con resultado de muerte, abierta en contra de Christian G. (“Careniña”), Víctor Hugo Ch. y Jonathan Esteban P. A. En este caso quedan por realizarse diligencias solicitadas por la defensa de Christian G..
Datos Jurídicos
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 233-DC-2019
Este caso se sentenció con base en el artículo 171, numerales 1 y 2 –último inciso– del Código Orgánico Integral Penal.
Quito, 07 de agosto de 2019.- La sentencia de ocho años de internamiento institucional por el delito de violación con muerte de Carolina A. –de 15 años de edad–, impuesta al adolescente A.D.M.A., fue ratificada por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, con voto salvado del juez Fausto Chávez.
En la audiencia de apelación, reinstalada la mañana del 7 de agosto, la fiscal especializada en Adolescentes Infractores de Pichincha, Martha Reino, argumentó que la sentencia condenatoria –dictada en primera instancia– se basó en más de cuarenta pruebas presentadas en la audiencia de juzgamiento, desarrollada a mediados de junio de 2019.
De esta manera se ratificó la verdad jurídica en segunda instancia: antes de la muerte violenta por asfixia, existió agresión sexual.
La noche previa al fallecimiento de la víctima –ocurrida el 26 de agosto de 2018– la madre de Carolina dijo que ella salió con el adolescente.
Asimismo, la víctima estuvo con él en uno de los dormitorios del inmueble donde ocurrió el deceso, según los testimonios recopilados por Fiscalía. Antes del mediodía del 26 de agosto, los involucrados se percataron de que Carolina ya no reaccionaba, la limpiaron, cambiaron de ropa y la dejaron en el lote baldío.
El adolescente A.D.M.A.
En la audiencia de apelación, el adolescente tomó la palabra y negó los hechos ante el Tribunal de alzada. Pero su abogado defensor no pudo demostrar esta afirmación. Tampoco pudo sustentar sus alegaciones de nulidad y falta de motivación de la sentencia de primera instancia, rechazándose así los recursos presentados en la Corte Provincial.
Además, en la audiencia de juicio se acogió al silencio y a lo largo del proceso penal, el adolescente A.D.M.A no entregó su ADN para las comparaciones genéticas con las muestras recuperadas del cuerpo de la víctima. Tampoco participó en la reconstrucción de hechos, se negó a entregar su perfil de identidad para compararlo con los videos recolectados durante el proceso y rechazó la práctica de pericias médica, psicológica y de trabajo social.
Dato jurídico
La aplicación de medidas socioeducativas por delitos sancionados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) están determinadas en el artículo 385 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia (CONA).
El numeral 3 de dicho artículo prevé que para los casos de delitos sancionados con privación de libertad superior a diez años en el COIP (de veintidós a veintiséis años de prisión por violación con muerte, art. 171, último inciso), se determina la aplicación de la medida de amonestación e internamiento institucional de cuatro a ocho años.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 368-DC-2019
Quito, 12 de septiembre de 2019.- Christian Javier G. S., de 22 años, fue llamado a juicio como autor directo del delito de violación con resultado de muerte, de la adolescente Carolina A., hecho suscitado el 26 de agosto de 2018.
Con el anuncio de 61 pruebas periciales y 36 testimoniales –que constan en el expediente de veinticuatro cuerpos–, Alejandra Sigcha, fiscal especializada en Violencia de Género, expuso la acusación fiscal en contra del procesado, en audiencia preparatoria de juicio, este 12 de septiembre de 2019.
En Casa de Justicia (Quito), la diligencia debió instalarse a las 09:00, ante el juez de Garantías Penales, Telmo Molina, pero inició dos horas más tarde por orden del Magistrado, para que los tres defensores públicos del procesado estudien el expediente, con el objetivo de evitar más aplazamientos de la diligencia.
Esto, porque los abogados particulares de la defensa, Leonardo Sinchiguano y Kevi Guerrero, abandonaron a su patrocinado a las 16:00 del 11 de septiembre de 2019, a pesar de que la notificación de esta audiencia se la hizo a finales de julio de 2019.
Anuncio de prueba
La fiscal Alejandra Sigcha acusó a Christian Javier G. S. de haberse aprovechado de una adolescente que estaba en estado de intoxicación alcohólica y, por tanto, con sus capacidades de defensa y conciencia totalmente disminuidas, para violentarla sexualmente, la noche del 26 de agosto de 2018.
“Carolina A. fue víctima de violación. Los indicios recabados precisan que la agresión fue tan fuerte que para acallar el dolor infringido fue impedida de respirar, al obstruir su boca y nariz. Esto le causó la muerte”, explicó la Fiscal del caso.
Luego de la denigración y el sufrimiento causado, el procesado –con ayuda de tres adolescentes–, para borrar las huellas del crimen, limpió el cadáver de la joven, cambió las prendas de vestir y abandonó el cuerpo en un lote baldío del sector del Comité del Pueblo.
Esta acusación fue sustentada por la fiscal Sigcha con los elementos de convicción que fueron incluidos en el anuncio de prueba: testimonios de la familia de la víctima, de amigos y amigas, pericias de audio y video, reconocimiento y reconstrucción de los hechos, además de informes como el de autopsia, toxicológico, proteína P30 (semen) y extracción de información de celulares y otros.
Dato jurídico
El artículo 171, último inciso, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), condena con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años a la persona que cometa violación con resultado de muerte.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 710-DC-2019
Quito (Pichincha), 03 de diciembre de 2019.- Por temas de agendamiento de audiencias, el Tribunal de Garantías Penales de Pichicha reinstalará el 7 de febrero de 2020, la audiencia reservada de juicio por el delito de violación con resultado de muerte, en el caso de Carolina A.
La diligencia se instaló a las 09:00 de este martes 3 de diciembre, en el Complejo Judicial Norte, en Quito. La fiscal especializada en Violencia de Género, Alejandra Sigcha, durante la audiencia, expuso su teoría del caso y presentó los testimonios de veintidós testigos.
Fiscalía acusó al procesado, Christian Javier G. S., de haberse aprovechado de una adolescente que estaba en estado de intoxicación alcohólica y -por tanto- con sus capacidades de defensa y conciencia totalmente disminuidas, para violentarla sexualmente, la madrugada del 26 de agosto de 2018.
“La agresión fue tan fuerte que para contener el dolor infringido, la víctima fue impedida de respirar, por obstrucción de su boca y nariz, causándole la muerte”, insistió la Fiscal en su teoría del caso.
Luego de la denigración y el sufrimiento causados a la víctima, para borrar las huellas del crimen, el procesado –con ayuda de tres adolescentes (que ya fueron sentenciadas como culpables de fraude procesal el 5 de junio de 2019)–, limpió el cadáver, cambió las prendas de vestir y abandonó el cuerpo en un lote baldío del sector del Comité del Pueblo.
Los testimonios entregados ante el Tribunal Penal fueron el de la madre y hermana de la víctima, de los policías que realizaron el levantamiento del cadáver, de los expertos en inspección ocular técnica y de cotejamiento de videos en redes sociales, así como la perito psicóloga que dio atención a la progenitora de Carolina A.
Dato jurídico
El artículo 171, último inciso, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), condena con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años a la persona que cometa violación con resultado de muerte.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 749-DC-2019
Quito (Pichincha), 14 de diciembre de 2019.- La Fiscalía General del Estado informa que, en articulación con distintas unidades de la Policía Nacional, este viernes 13 de diciembre se llevó a cabo una requisa en el Centro de Privación de Libertad El Inca, pabellón El Bosque. En la celda nueve del piso dos, donde estaba recluido Christian G. (acusado en el caso de violación con resultado de muerte de Carolina A.), se encontraron cuatro teléfonos celulares.
En el operativo, Criminalística procedió a fijar, numerar e ingresar en cadena de custodia los objetos señalados.
En este contexto, Fiscalía, hoy 14 de diciembre, abrió de oficio una investigación previa, por tratarse de un delito de acción pública, contemplada en el artículo 276, inciso segundo, del Código Orgánico Integral Penal (COIP): ingreso de artículos prohibidos al interior de los centros de rehabilitación social o en posesión de una persona privada de libertad.
Por otra parte, el ciudadano en mención fue transferido del Centro de Privación de Libertad El Inca a otro reclusorio, donde será custodiado con mayor seguridad.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 144-DC-2020
En el inicio de la audiencia de juicio, instalada el 3 de diciembre de 2019, la Fiscalía presentó veintidós testigos.
Quito (Pichincha), 07 de febrero de 2020.- La fiscal especializada en Violencia de Género, María Alejandra Sigcha, presentó dieciséis pruebas testimoniales y tres documentales en el segundo día de audiencia privada de juzgamiento, reinstalada este 7 de febrero de 2020, en el Complejo Judicial Norte.
El procesado es Christian Javier G. S., de 21 años, a quien Fiscalía acusó como autor de la violación con resultado de muerte de la adolescente Carolina A., en el primer día de audiencia, el 3 de diciembre de 2019.
En la jornada de hoy, se sustentó la teoría del caso con los testimonios de peritos en medicina legal, en biología y genética, exposiciones del álbum fotográfico de las diligencias de inspección ocular técnica, de la exhumación del cadáver de la víctima y de la autopsia.
En la reinstalación de la audiencia, convocada para el martes 11 de febrero de 2020, a las 08:30, está prevista la presentación de la prueba de la acusación particular y de la defensa del procesado.
El descenso de la víctima sucedió la madrugada del 26 de agosto de 2018, en el Comité del Pueblo, en el norte de Quito. Según la pericia médico legal, la causa fue asfixia por sofocación.
Dato jurídico
El artículo 171, último inciso, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), condena con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años a la persona que cometa violación con resultado de muerte.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 153-DC-2020
Quito, 11 de febrero de 2020.- A treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad fue sentenciado, por unanimidad, Christian G., de 22 años de edad, como autor del delito de violación con resultado de muerte de la adolescente de 16 años, Carolina A.
El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dispuso el pago de una reparación integral de 50.000 dólares, que el sentenciado deberá entregar a la familia de la víctima, así como terapias psicológicas para los deudos de Carolina, por parte de la red de Salud Pública.
Los jueces ordenaron a la Fiscalía que se investigue por un posible fraude procesal a los peritos que estuvieron a cargo del CD en cadena de custodia a cargo de la Policía Judicial, mismo que no se reprodujo el primer día de audiencia de juzgamiento, el 3 de diciembre de 2019. En dicho dispositivo de almacenamiento se encontraban los videos referentes al caso.
La verdad judicial
Los treinta y ocho testigos, y las tres pruebas documentales que presentó la fiscal especializada en Violencia de Género, María Alejandra Sigcha, fueron contundentes. La muerte de Carolina fue violenta, la causa fue asfixia por sofocación mientras era violada, según los testimonios de los peritos en medicina legal y en histopatología, presentados por Fiscalía.
Con ello que se desvirtuó la coartada de la defensa del procesado, que aseguró ante el Tribunal que el deceso de la adolescente fue por intoxicación alcohólica.
“La agresión sexual fue tan fuerte que para contener el dolor infringido, la víctima fue impedida de respirar, por obstrucción de su boca y nariz, causándole la muerte”, insistió la Fiscal.
Tras la violación con resultado de muerte, Christian G. y A.D.M.A. (adolescente que ya fue sentenciado por este caso) llamaron a dos adolescentes, M.Y.T.C. Y D.J.C.E (sentenciadas por fraude procesal en junio de 2019) para que les ayuden a limpiar el cadáver de Carolina, a cambiarle de ropa y después abandonado en un lote baldío.
En su testimonio, D. J. C. E. detalló la forma en que los cuatro lavaron el cuerpo de la víctima, que estaba cubierta de sangre y heces fecales.
También entregó pormenores al Tribunal de cómo Christian G. utilizó una funda plástica empapada de cloro y desinfectante para limpiar las cavidades de Carolina. Después precisó los roles que ejecutaron cada uno para botar el cadáver en un lote baldío, en el sector del Comité del Pueblo, norte de Quito.
Otra de las pruebas fundamentales de Fiscalía fue la reproducción del audio y la presentación del informe de la pericia de extracción de información del teléfono móvil del procesado, del que se recuperó un mensaje que le envió a uno de sus contactos de messenger al referirse al deceso de Carolina: “Murió de una sobredosis de alcohol y de amor”, dice en tono burlesco.
Dato jurídico
El artículo 171, último inciso, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), condena con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años a la persona que cometa violación con resultado de muerte. En este caso se aplicó a la pena máxima, las circunstancias agravantes 6 y 9, del artículo 48, por lo que la pena se incrementó a treinta y cuatro años ocho meses.
Dato adicional
Por este caso, las adolescentes M.Y.T.C. Y D.J.C.E fueron sentenciadas con medidas socioeducativas en junio de 2019, por fraude procesal (delito contra la eficiente administración de justicia, en donde el bien jurídico protegido es la tutela judicial efectiva).
A.D.M.A., de 17 años, fue sentenciado en agosto de 2019, a ocho años de internamiento institucional como autor de violación con muerte de Carolina A.