Gracias a la cooperación internacional, Fiscalía procesa a una persona por tráfico ilícito de migrantes

Quito, 5 de diciembre del 2016.- Por el delito de tráfico ilícito de migrantes, la Fiscalía Provincial de Pichincha formuló cargos contra el ciudadano Ullah K., quien permanece con prisión preventiva. 

 

La audiencia se realizó la mañana de este 5 de diciembre del 2016, ante la jueza Karina Zarzosa. La fiscal del caso, Jimena Moina, presentó elementos de cargo contra el procesado, con base en la información entregada por la embajada de Estados Unidos (EE.UU.), país donde existen tres víctimas detenidas por no poseer documentos. 

En su relato ante la jueza, la fiscal Jimena Moina dijo que se cumplió con la orden de detención solicitada contra el ahora procesado, una vez que la embajada estadounidense confirmó a la Fiscalía que Ullah Kifayad se encontraba en Ecuador.

Es así que el ciudadano fue detenido en el puente internacional de Rumichaca, paso fronterizo entre Colombia y Ecuador, la noche del domingo 4 de diciembre, en colaboración con agentes policiales de Colombia. 

Con el detenido se encontraban tres personas de origen paquistaní, a las que pretendía trasladar a los Estados Unidos. Ellas fueron incluidas al Sistema de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Mientras tanto una persona más, víctima de este delito, permanece en Colombia.

Durante la formulación de cargos, la fiscal del caso explicó que al parecer el procesado movilizaba -vía aérea- a las víctimas desde sus países de origen hasta Brasil. Una vez en este país, atravesaban -vía terrestre- Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México hasta cruzar EE.UU.

Según la fiscal, el traslado ilegal de cada persona costaría entre 3.000 y 7.000 dólares. De las siete víctimas -3 en EE.UU., 3 en Ecuador y una en Colombia- se presume que una de ellas pertenecería a organizaciones terroristas. 

La instrucción fiscal (etapa para profundizar la investigación) durará 90 días. El tráfico ilícito de migrantes está tipificado en el art. 213 del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, que en su primer párrafo ordena una pena privativa de libertad entre siete y 10 años para quienes cometan este delito.