Funcionaria de la Comisión de Tránsito del Ecuador es llamada a juicio por presunta concusión
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 404-DC-2022
Guayaquil (Guayas), 01 de junio de 2022.- La Fiscalía del Guayas emitió dictamen acusatorio contra una funcionaria de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), acusada por un presunto delito de concusión, luego de que a una usuaria le prometiera agilitar y proceder a anular dos citaciones, con el fin de que pudiera matricular un automotor. Por el trámite a cumplir, le solicitó dinero.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó como elementos de convicción: la denuncia del Director de la CTE, las versiones del supervisor del Departamento de Citaciones, las de los agentes aprehensores y de la denunciante, las pericias del reconocimiento del lugar, la de reconocimiento de objetos y evidencias, la de autenticidad del dinero encontrado en poder de la funcionaria, la pericia de audio y video practicada al celular de la procesada, el informe investigativo emitido por la Policía Judicial, acción de personal de la funcionaria, la certificación de multas existentes de la denunciante, entre otros.
La jueza de Garantías Penales, María Lorena Jaramillo, acogió el pedido de Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio para Karina Jazmín S. S., cambiando la medida cautelar que tenía en primera instancia, que era la de arresto domiciliario por la de presentación semanal ante Fiscalía. Además, dispuso la prohibición de enajenar los bienes de la procesada.
Contexto
El Director de la CTE denunció en Fiscalía, el 7 de febrero de 2022, que una funcionaria habría cobrando dinero –entre 60 y 80 dólares– por agilitar los trámites al interior del Departamento de Citaciones, según lo indicado por una usuaria que se acercó al despacho de esa Institución.
Solicitó la intervención policial y se logró la detención, el 7 de febrero, de Karina Jazmín S. S., a quien le encontró con el dinero solicitado, mismo que fue entregada por la denunciante dentro de en una hoja papel bond doblada.
El trabajo que habría ofrecido la funcionaria consistiría en agilitar los trámites para dar de baja dos citaciones, que tendrían un costo de 219 dólares, para que así pudiera matricular el vehículo.
Información jurídica
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 281, inciso primero, que sanciona el delito de concusión con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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