Foglocons usó a Ecuador para ‘legalizar’ dinero ilícito
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Quito, 06 de julio del 2015.- Entre diciembre del 2012 y marzo del 2013, la empresa Fondo Global de Construcciones S.A. (Flogocons) habría lavado 159.9 millones de dólares en el sistema financiero legal del Ecuador.
Esta empresa se constituyó en el país el 17 de octubre del 2012 y en 3 meses movió millones de dólares por exportaciones de planchas prefabricadas, materiales y acabados de construcción de viviendas a Venezuela. Estas operaciones comerciales son investigadas desde junio del 2013 por la Fiscalía General del Estado bajo la presunción de lavado de activos.
La diferencia millonaria entre los pagos a proveedores por los productos que exportó, frente al dinero que recibió por estos materiales, que además Ecuador no es productor, dispararon las alarmas de los órganos de control financiero del país.
Foglocons vendió 159.9 millones de dólares en productos prefabricados a ELM IMPORT S.A. de Venezuela. Sin embargo, registró pagos por 200.000 dólares a sus proveedores por estos materiales.
Los productos tampoco fueron enviados a Venezuela, pero el dinero por el producto sí llegó a Ecuador a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE). El Banco Central del Ecuador reportó 185 transferencias millonarias realizadas desde el 28 de diciembre del 2012 al 26 de marzo del 2013.
Estos pagos se hicieron a través del SUCRE desde el Banco Central de Venezuela a su similar en Ecuador y desde aquí se acreditaron a las cuentas de Foglocons en dos bancos ecuatorianos.
Uno de estos bancos es el Territorial, que cerró sus puertas envuelto en procesos penales de peculado (dos sentenciados a 8 años) y lavado de activos (en instrucción fiscal contra sus cuatro accionistas principales).
Además, los millones de dólares que ingresaban de Venezuela a estas cuentas bancarias en Ecuador no permanecían en ellas más de 3 días, ya que habrían sido transferidos a paraísos fiscales en el exterior.
El caso denominado ‘Foglocons’ tiene dos procesos penales abiertos. El primero por lavado de activos contra los representantes legales y accionistas de la empresa y el segundo por prevaricato, contra cuatro jueces que anularon las investigaciones fiscales sin los suficientes argumentos legales.
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La investigación del caso ‘Foglocons’, antijurídicamente anulada
La Fiscalía General del Estado formuló cargos el 22 de noviembre del 2013, en Guayaquil, contra Luis Aníbal S.B., Álvaro Enrique P. y Luis Eduardo S. El juez de Garantías Penales que presidió esa audiencia ordenó el bloqueo de 57 millones de dólares de la empresa Foglocons y prohibió la enajenación de los bienes de la compañía y de los procesados.
Con base en estos informes y con una orden judicial para actuar, en julio del 2013 la Fiscalía allanó las oficinas de Foglocons e incautó facturas y documentos comerciales relacionados con el posible lavado de activos.
El proceso penal y las investigaciones de Fiscalía avanzan hasta que en la audiencia preparatoria de juicio, realizada el 28 de julio del 2014, la jueza de la Unidad Judicial Penal, Madeline Pinargote anuló el caso.
Ella invocó el artículo 150 del Código de Procedimiento Penal para basar su fallo, el cual indica que la correspondencia epistolar, telegráfica, telefónica, cablegráfica, por télex o por cualquier otro medio de comunicación es inviolable. Por lo tanto cuestionó el allanamiento realizado por la Fiscalía porque, según su criterio, levantó estos documentos privados como evidencias.
El 04 de agosto del 2014, en audiencia de apelación a este fallo, la Fiscalía comprobó, además de la legalidad de los allanamientos e incautaciones, que las facturas y documentos comerciales, de acuerdo con el artículo 164 del Código de Comercio, son medios de prueba sobre contratos mercantiles. Por lo tanto no son correspondencia.
Sin embargo, el 04 de septiembre del 2014, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratificó el auto de nulidad dictado por la jueza Pinargote y censuró con dureza la actuación de la Fiscalía en los allanamientos. Además resolvió devolver la documentación incautada a la empresa Foglocons, pero no el dinero bloqueado a esta empresa.
A esto se suma que, el 15 de enero del 2015, la jueza Pinargote ordenó la devolución y la libre disposición de los 57 millones de dólares, acción que no le competía. El 21 de enero del mismo año, la jueza se excusó de conocer la causa.
El posible prevaricato de cuatro jueces
El Fiscal General del Estado en la audiencia de formulación de cargos.
El 1 de julio del 2015, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, formuló cargos contra los cuatro jueces: tres de Corte Provincial y la jueza de la Unidad Judicial, por anular este proceso penal que se investigaba por un posible y millonario lavado de activos.
La audiencia se realizó en la Corte Nacional de Justicia, porque los jueces de la Corte Provincial gozan de fuero. El juez Jorge Blum no dictó medidas para estos magistrados. La jueza, en cambio, fue prohibida de ausentarse del país y de enajenar sus bienes.
Chiriboga Zambrano formuló cargos por prevaricato porque la jueza Madeline P. basó la nulidad del proceso al considerar que las facturas, documentos comerciales, contratos mercantiles, encontrados en el allanamiento del 11 de julio del 2013, eran documentos privados.
Además, la jueza ordenó devolver los 57 millones de dólares a los representantes legales de Foglocons, sin ninguna competencia para hacerlo. Esto a pesar de la resolución de los jueces de Corte Provincial de mantener el bloqueo sobre estos recursos.
Galo Chiriboga expresó que la Fiscalía considera que los jueces de la Corte Provincial del Guayas, sin ningún análisis jurídico, ratificaron la nulidad declarada por la jueza de primer nivel.
La instrucción fiscal durará 90 días y la investigación será con base en el artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de prevaricato.
¿Qué es lavado de activos?
El lavado de activos sucede cuando las organizaciones delincuenciales inyectan dinero en el sistema financiero de un país obtenido en actividades ilícitas como la trata de personas, tráfico de órganos y armas, narcotráfico, pornografía infantil, que son delitos que atentan contra la vida.
El lavado de dinero beneficia solo a aquellos que lo practican, pues no declaran las ganancias de sus negocios principales que son ilícitos. En sus negocios de fachada se declaran pérdida, pero en las actividades de sus proveedores (que son de propiedad del mismo que lava capitales) están bien y pagan impuestos aunque muy bajos.
El lavado de activos frena la detección de actividades criminales, dota de nuevos capitales a las empresas delictivas, distorsiona los mercados financieros legales porque se trata de dinero de paso, por lo tanto destruye las actividades económicas reales.
Durante la segunda década del siglo XXI, el dinero del lavado de activos representó entre el 2 y el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el mundo. Es decir, entre 800 billones y 2 trillones de dólares, según datos de 2014 de la oficina de las Nacionales Unidas Contra la Droga y el Delito (UNDOC).
En Ecuador, hasta mayo del 2015, la Fiscalía impulsó 274 procesos en investigación sobre lavado de activos y otros 11 casos se encontraban en instrucción fiscal.
En otros 24 casos se logró sentencia, de estos 17 se resolvieron dentro de la administración del fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, entre julio del 2011 y mayo del 2015.
La Fiscalía inicia investigaciones por posible lavado de activos desde denuncias de la ciudadanía, por alertas de la UAF, por noticias generadas en medios de comunicación, por informes de la Unidad de Lavado de Activos del Ministerio del Interior.
Las investigaciones de Fiscalía detectaron que en Ecuador, por ejemplo, se hacían en transacciones ficticias realizadas con Venezuela, a través del SUCRE.
El SUCRE
Se llama SUCRE a la unidad de cuenta común acordada el 26 de noviembre del 2008 por los presidentes y representantes de gobierno de los países integrantes de la Alianza Bolivariana para las Américas, más Ecuador, que en esa fecha no era del grupo.
Esta unidad es virtual y busca reemplazar al dólar estadounidense en las operaciones comerciales interregionales de los nueve países adheridos. Este es el contexto de comercio internacional que habría sido aprovechado por empresarios para lavado de activos.