Fiscalía vincula a 4 personas más al caso de delincuencia organizada seguido contra Abdalá B. O., su hijo y 3 agentes de la AMT
BOLETÍN DE PRENSA FGE No 1035-DC-2020
Quito (Pichincha), 12 de noviembre de 2020.- Cuatro personas fueron vinculadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al proceso por presunto delito de delincuencia organizada para ejecutar actividades delictivas con el fin de obtener beneficios económicos, entre estos, la comercialización irregular de pruebas Covid-19 e insumos médicos, en el contexto de la emergencia sanitaria.
Para los ciudadanos extranjeros Oren Sh. y Orietta Isabel M. P., la Jueza de Garantías Penales ordenó prisión preventiva, mientras que para los ecuatorianos Verónica Alexandra A. G. y Bryan Alexis P. V., la Magistrada dispuso presentaciones semanales y prohibición de salida del país, a pesar de que Fiscalía solicitó prisión preventiva para el último.
Como medidas cautelares de carácter real, se ordenó la retención de cuentas por 16.000 dólares y la prohibición de enajenar bienes hasta por el monto de 49.222 dólares, por cada uno de los vinculados.
Además, la retención de dos vehículos y de 312.510 dólares y 385 euros incautados a los extranjeros al momento de su detención, que se encuentran ingresados en cadena de custodia.
La audiencia de vinculación al proceso se instaló la tarde del 12 de noviembre de 2020 en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Fiscalía explicó ante la Jueza que se investiga la facilidad que los ciudadanos habrían dado para comercializar, de manera irregular, insumos médicos como mascarillas KN95 y pruebas rápidas de Covid-19.
“Incluso, la ciudadana de nacionalidad peruana, Orietta Isabel M. P., compró un vehículo en 41.000 dólares, adquisición que no ha sido justificada en legal y debida forma. Presumimos que el vehículo fue utilizado en los actos objeto de investigación”, señaló Fiscalía durante la audiencia.
Con esta vinculación, el número de procesados asciende a nueve personas.
Antecedentes
La instrucción fiscal se abrió el 13 de agosto de 2020 contra tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT): Klever Stalin A. H., Jhony Samuel O. T. y Leandro Germán B. R.
También están procesados en este caso el expresidente de la República, Abdalá B. O., y su hijo, Jacobo Abdalá B. P. Este último, vinculado al proceso el 26 de septiembre de 2020, después de su expulsión de Colombia, debido a su irregular situación migratoria.
La teoría que mantiene Fiscalía es que los procesados habrían conformado un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (en Quito y Guayaquil). Los delitos fines serían “enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, incluso, presuntamente, delitos contra la vida, que se están investigando”.
Continuarán en prisión preventiva
Los tres funcionarios de la AMT y Jacobo Abdalá B. P. apelaron a la prisión preventiva. Sin embargo, y con base en los argumentos de Fiscalía, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la medida de prisión preventiva en la audiencia de apelación instalada la mañana de este 12 de noviembre.
Fiscalía argumentó que existen elementos de convicción suficientes para presumir su participación en los hechos que se investigan, que hay un alto riesgo de fuga y que no existe otro recurso legal para asegurar la presencia de los encausados durante el proceso penal.
Información complementaria
Esta investigación inició en mayo de 2020, por la posible relación de los procesados con dos extranjeros detenidos en Santa Elena, quienes presentaron documentos falsos de la DEA y portaban más de 200.000 dólares en efectivo. Posteriormente, uno de ellos (Shy Dahan) fue asesinado al interior de la Penitenciaría del Litoral y el otro (Oren Sh.) ha sido vinculado penalmente esta tarde.
La instrucción fiscal de este caso se cerrará el 13 de diciembre de 2020.
Dato jurídico
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años.
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