Fiscalía reiniciará juicio por lavado de activos por exportación ilegal de oro

BOLETÍN DE PRENSA FGE NO. 076-DC-2017

 

Fiscal Diana Salazar lleva adelante este caso.

Quito, 12 de julio de 2017.- La Fiscalía General del Estado, con el objetivo de promover la justicia y solicitar sanciones a quienes evaden impuestos y generan perjuicios al Estado, solicitó una nueva audiencia en el caso de Lavado de Activos por exportación ilegal de oro desde Ecuador y hacia EE.UU.

La Fiscal del caso, Diana Salazar, destacó el trabajo conjunto con la justicia estadounidense para eliminar la ruta criminal del oro y que estaría liderada por Juan Pablo G., de nacionalidad ecuatoriana, quien, de acuerdo a las investigaciones, sería el encargado de establecer contactos con Renato R. y Samer B., proveedores del metal precioso de manera ilegal en Miami.

Las empresas vinculadas en este caso son Spartan y Clearprocess, cuyos directivos no habrían justificado la exportación de USD 500 millones de oro a EE.UU. con las empresas MVP Imports, Repubics Metals y Akar Precious Metals.

Según la Fiscal Salazar, encargada del caso, las evidencias demuestran que para cometer el delito se usaron algunas tipologías durante la compra y venta de oro, a través una red de falsos proveedores registrados en el RISE, es decir que tanto cliente como proveedor eran la misma persona.

Un factor que llamó la atención a los investigadores es que esta persona habría realizado exportaciones superiores a las establecidas por el Banco Central del Ecuador (BCE), que constan dentro de la producción nacional de oro y que estaban camufladas en empresas de prestigio.

Una vez hecha la transacción se efectuaba el retiro y transporte de dinero en efectivo para ocultar al beneficiario final. Este dinero era movilizado a zonas fronterizas, donde sería mucho más fácil camuflar el origen de estos recursos con la actividad minera.

Entre los delitos por los que se les imputa están el Contrabando y Defraudación Tributaria, porque las evidencias demuestran que los procesados presentaron facturas de falsos proveedores para justificar el oro obtenido de forma ilícita y también para justificar gastos deducibles, con la finalidad de disminuir sus utilidades y pagar menos tributos, generando un perjuicio para el Estado.

Además, entre el 2013 y el 2015, los procesados se habrían asociado con empresas de alto prestigio y así no generar sospechas de su proceder y dar paso al delito de Lavado de Activos.

Los jueces que estaban a cargo del caso habrían determinado una pena mínima de 11 meses y una multa inferior a lo que estipula la Ley, que es el doble del dinero ilícito. En este caso se solicitó el pago de USD 100 mil dólares, cuando la norma determina que el pago correspondía a USD 1000 millones.

Por este accionar, los jueces fueron suspendidos y la Fiscalía deberá llevar a cabo una nueva audiencia de juzgamiento.

 

EAG.

 

 

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