Fiscalía reformula cargos por 3 muertes durante el 30S: serán procesados por presunto asesinato
BOLETÍN DE PRENSA FGE No 1198-DC-2020
Quito (Pichincha), 22 de diciembre de 2020.- La Fiscalía General del Estado (FGE) reformuló cargos, de homicidio a asesinato, contra los oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo Luis C., Vicente G., Jorge M., Jorge P. y Hegel P., por tres muertes ocurridas durante los hechos registrados el 30 de septiembre de 2010.
La Institución continuará la investigación con base en lo tipificado en el artículo 140, numerales 2, 4 y 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señalan que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre en alguna de las siguientes circunstancias: (2) colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación; (4) buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado y (5) utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos.
La Jueza del caso, además de aceptar los argumentos presentados por la FGE para la reformulación de cargos, ratificó la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salida de país para todos los procesados.
Los hechos investigados por Fiscalía se produjeron en el operativo con el cual se extrajo del Hospital de la Policía Nacional, en Quito, al expresidente Rafael Correa, durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, fecha en que los hoy procesados estuvieron al frente de la cadena de mando para la ejecución del mismo.
En ese contexto, Luis C. dirigió el operativo de extracción del ex Mandatario, el general Hegel P. era el comandante de la Fuerza de Tarea 4, el general de Brigada Jorge P. cumplía las funciones de director de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (Comaco), Vicente G. era comandante del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Jorge M., comandante del Grupo Especial de Comandos.
La protesta policial se produjo por la entrada en vigor de la Ley de Servicio Público, aprobada el 11 de agosto de 2010. Sin embargo, la versión oficial del Gobierno anterior fue que la revuelta fue un intento de golpe de estado planificado.
Estaba previsto continuar con la audiencia de vinculación de otras cuatro personas al proceso, luego de que, en la investigación, aparecieran elementos que hacen presumir su participación en el delito. Sin embargo, la misma fue suspendida hasta el 24 de diciembre.
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