Fiscalía Provincial de Pichincha rindió cuentas a la ciudadanía
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 192-DC-2022
Quito (Pichincha), 17 de marzo de 2022.- En un evento público –vía telemática–, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, expuso el informe de rendición de cuentas sobre la gestión desarrollada durante el año 2021 en esta jurisdicción.
Precisó que, en el período comprendido de enero a diciembre, ingresaron 67.477 noticias del delito, atendidas por los 158 agentes fiscales que tiene la provincia.
Las infracciones penales de mayor recurrencia fueron: robo, con 18.665 denuncias, que corresponde al 27,70%; estafa, con 7.473 casos, que representa al 11,10%; y, violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, con 4.748 noticias del delito, reflejada en un 7%.
La lucha contra los actos de corrupción fue uno de los puntales atendidos por la Fiscalía Provincial de Pichincha. En 2021 se tramitaron 250 informes jurídicos a funcionarios de esta dependencia, se despacharon 630 consultas a resoluciones de agentes fiscales y se receptaron 106 denuncias en contra de funcionarios, a través del buzón de transparencia.
El fiscal provincial Alberto Santillán Molina mencionó como casos de connotación social tramitados por su despacho el denominado “Pruebas PCR Municipio de Quito”, en el que se procesa al exalcalde de Quito, Jorge Y., y 13 personas más por su presunta participación en el delito de peculado. Actualmente, la causa se encuentra en etapa de juicio.
Citó también el del exnotario de Pichincha, Pool M., también procesado por peculado. El exfuncionario fue llamado juicio y Fiscalía espera que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha fije fecha y hora para la audiencia de juzgamiento.
Asimismo, mencionó el proceso que se sigue en contra de le exjueza María Belén D., cuya audiencia de evaluación y preparatoria de juicio fue fijada para el próximo 24 de marzo, por un presunto delito de tráfico de influencias.
El Fiscal Provincial culminó su informe, comprometiéndose a seguir trabajando para que, en todos los procesos, la Institución actúe con objetividad, apegado a derecho y respetando el mandato constitucional y las reglas del Código Orgánico Integral Penal, para llegar a la verdad de los hechos y no permitir la impunidad.
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