Fiscalía procesa por extorsión a mujer que se hacía pasar por funcionaria de esta Institución
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 242-DC-2024
Quito (Pichincha), 21 de febrero de 2024.- A pesar del pedido de prisión preventiva –justificado legalmente por la Fiscal de turno en flagrancia– el juez Edictor Manzano ordenó presentaciones periódicas diarias y prohibición de enajenar bienes para María Gabriela P. B., procesada por Fiscalía como presunta autora de extorsión. La instrucción fiscal durará treinta días.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó como elementos de convicción: el parte policial, las versiones de los agentes aprehensores y del denunciante, el informe psicológico de la víctima, pericias a los teléfonos celulares de la aprehendida y de la víctima, entre otros.
Aunque la defensa de la procesada no presentó documentación que garantice la presencia de la mujer en las siguientes etapas del proceso penal, el Magistrado de turno en Flagrancia no ordenó su prisión preventiva.
El 16 de febrero de 2024, María Gabriela P. B. llamó al celular de la víctima, un fiscal de Pichincha, para decirle que su vehículo estaba involucrado en el cometimiento de un delito de carácter sexual y que cuenta con videos del hecho.
Le aseguró que ella era funcionaria de la Institución, que la máxima autoridad de Fiscalía estaba en conocimiento del hecho y que ella era contratada para resolver este tipo de casos antes de que se vuelvan “mediáticos”.
El agente fiscal, luego de escucharla, le dijo que el auto al que ella se refería ya lo había vendido y, ante la exigencia de la procesada para que le dijera el nombre de la persona que le compró el vehículo supuestamente utilizado en un delito, le aclaró que no recordaba el nombre de la persona que le compró.
Ella respondió que, “para solucionar el problema y no abrirle un proceso”, debía entregar 1.000 dólares, dinero que pedía la supuesta víctima del delito sexual, y también los documentos del vehículo.
Entonces, el agente fiscal le dijo que cumpliría sus demandas la tarde del 20 de febrero, en una cafetería del norte de Quito. Una vez en el lugar, él le entregó un sobre con los documentos y el dinero.
Sin embargo, el funcionario ya había avisado a las autoridades, por lo que la ahora procesada fue aprehendida por la Policía y trasladada a Flagrancia para el inicio del proceso penal.
Información jurídica
El delito de extorsión se sanciona con privación de libertad de cinco a siete años, si se “simula autoridad pública o se realiza en aplicación de una orden dispuesta por autoridad competente”, según el numeral 3 del segundo inciso del artículo 185 (extorsión), del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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