Fiscalía procesa a 3 aprehendidos por el delito de extorsión

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 518-DC-2024

Imagen de boletín: Fiscalía procesa a 3 aprehendidos por el delito de extorsión

Quito (Pichincha), 01 de mayo de 2024.- La denominada “vacuna” habría sido la modalidad que empleaban para extorsionar a sus víctimas. Enmanuel Ramón G. M., Michael Ramón Z. R. y Junior Eduardo A. L. quedaron con prisión preventiva luego de que Fiscalía les formulara cargos por –presuntamente– solicitar dinero a ciudadanos, a cambio de “brindarles seguridad”.

En la audiencia de calificación de flagrancia, desarrollada la mañana de este 30 de abril, el Fiscal de turno explicó que una de las víctimas –dedicada a la venta de zapatos– recibió mensajes de texto intimidatorios, en los que desconocidos se identificaban como integrantes de una organización delictiva internacional denominada “Tren de Aragua”.

El denunciante bloqueó el número del que provenían las amenazas, pero eso no cesó la extorsión.

El 29 de abril de 2024, mientras trabajaba en su negocio, habría recibido la visita de los tres sospechosos, quienes le arrebataron sus pertenencias y le exigieron el pago de 25 dólares semanales o 200 mensuales, a cambio de brindarle una supuesta seguridad.

Por estos hechos, Enmanuel Ramón G. M., Michael Ramón Z. R y Junior Eduardo A. L. fueron aprehendidos.

Luego de formular cargos por su presunta participación en el delito de extorsión, Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los tres procesados, pedido que fue aceptado por el Juez de Garantías Penales de turno.

Entre los elementos de convicción mencionados por el Fiscal para sustentar la aplicación de esta medida cautelar se incluyeron: las denuncias de dos víctimas, las versiones de los agentes aprehensores, el formulario de cadena de custodia, entre otros.

Información jurídica

La instrucción fiscal tendrá un plazo de treinta días e inició con base en el artículo 185, inciso tercero, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP): la norma sanciona el delito de extorsión con una pena privativa de la libertad de cinco a siete años, “si la víctima es una persona menor a 18 años, mayor a 65 años, mujer embarazada o persona con discapacidad, o una persona que padezca enfermedades que comprometan su vida”.

 

 

 

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