Fiscalía obtiene sentencia por los delitos de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones y revelación ilegal de base de datos

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 204-DC-2023

Loja (Loja), 03 de marzo de 2023.- En procedimiento abreviado –y una vez evaluadas las pruebas presentadas por Fiscalía– Juez de Garantías Penales de Loja declaró culpable a Diego R. por los delitos de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones y revelación ilegal de base de datos, en concurso real de infracciones.

Lo sentenció a dieciséis meses de pena privativa de libertad.

Además, el Magistrado aceptó el pedido del Centro de Inteligencia Estratégica -una de las instituciones perjudicadas– sobre la medida de reparación integral.

En la audiencia de procedimiento abreviado, el Fiscal de la Unidad Nacional Especializada en Investigación de Ciberdelito a cargo del caso demostró, con los elementos probatorios presentados, el cometimiento del delito y la responsabilidad de Diego R.

Entre las pruebas expuestas constan: los informes técnicos periciales de audio y video, y el de informática forense efectuado a los dispositivos electrónicos decomisados, como computadoras, smart phones, discos duros, portales web, base de datos, entre otros.

A esto se sumaron los oficios e informes técnicos de las distintas instituciones públicas perjudicadas.

Con base en los elementos expuestos, Fiscalía demostró que Diego R. fue el creador de un aplicativo que permitió efectuar consultas automatizadas a través de un sistema Chatbot, que promocionó en la red social “Acuabot”.

Esta aplicación tenía la capacidad de recopilar, almacenar y revelar información de cualquier ciudadano. De esta manera, el ya sentenciado violentó la intimidad y la privacidad de las personas.

Fiscalía conoció del hecho por una denuncia presentada por el entonces Director General del Centro de Inteligencia Estratégica. El 15 de febrero de 2022, se inició la investigación previa.

El ahora sentenciado obtenía beneficios económicos entregados por los usuarios que utilizaban esta aplicación: cobraba 5 dólares para su acceso. Mediante el aplicativo se accedía –sin autorización– a distintos sistemas informáticos de fuentes gubernamentales, como el Servicio de Rentas Internas /SRI), Registro Civil, Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Sistema de Inteligencia del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Sistema Integrado Informático de la Policía Nacional del Ecuador (Sipne), Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap), entre otros.

Información jurídica

Este caso fue sentenciado por el delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, tipificado en el artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concurso real de infracciones con el delito de revelación ilegal de base de datos, según el artículo 229 del mismo cuerpo legal.

 

 

 

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