Fiscalía obtiene sentencia condenatoria contra asambleísta acusada de cohecho


Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, momentos antes de que se reinstale la audiencia de juicio contra asambleísta.

Quito, 24 de noviembre del 2015.- Por unanimidad, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declaró culpables a la asambleísta Esperanza G. y a Miguel S., exgerente general de la empresa de Agua Potable y Alcantarillado San Mateo de Esmeraldas, como autores de cohecho. Los sentenció a 3 años de pena privativa de libertad.

Según los jueces que conformaron el Tribunal, la Fiscalía demostró que estos dos funcionarios públicos recibieron una dádiva para ejecutar un acto no sujeto a retribución. Es decir, cometieron cohecho pasivo. Por esta razón fueron sentenciados con base en el  artículo 285 del Código Penal.

Además fue sentenciado Santiago P., representante legal de la empresa Promocaledonian Ecuador S.A., como autor del delito tipificado y sancionado en el artículo 290 del  mismo cuerpo legal.  Este ciudadano también deberá cumplir 3 años de pena privativa de libertad. En la actualidad, él está prófugo.

A decir de los jueces, la prueba presentada por la Fiscalía comprobó que este ciudadano extranjero cometió cohecho activo, pues a través de una dádiva corrompió a  funcionarios  públicos.

Esto, debido a que Santiago P.  fue quien autorizó la entrega del dinero de la mencionada empresa para darlo a Esperanza G. y a Miguel S.

Además, los jueces ratificaron la inocencia de Walter T., debido a que no existió acusación fiscal en su contra y ordenaron su libertad inmediata.

La resolución fue dada a conocer la tarde de este martes 24 de noviembre, con la presencia del fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, luego de tres días de audiencia de juzgamiento.

El Fiscal General presentó 42 pruebas documentales, así como 13 testimonios que respaldaron la acusación fiscal. Aquello permitió que el Tribunal pueda tomar una decisión  unánime.

La Fiscalía demostró que este delito se habría perpetrado al solicitar 720.000 dólares a la empresa Promocaledonian Ecuador S.A. para adjudicarle un contrato por 23 millones de dólares con la empresa de Agua Potable San Mateo de Esmeraldas para la colocación de tubería.

Entre las principales pruebas presentadas por la Fiscalía consta un  informe de auditoría que reveló que la asambleísta Esperanza G. no pudo justificar ingresos que superan los 177.000 dólares. De allí que se presume es el resultado del delito de cohecho.

En el peritaje también se indicó que Esperanza G., en el 2014, registró un egreso de  90.000 dólares destinados a la construcción de una casa por el valor de 188.000 dólares en la ciudad de Esmeraldas.

Además, se identificaron propiedades adquiridas a nombre de parientes de Esperanza G. Pero la falta de información tributaria, de avalúos y de movimientos bancarios de dichos familiares, no permitió justificar esas acciones.