Fiscalía inicia indagación ante atentados con bombas panfletarias

La Fiscalía realizó el reconocimiento del lugar de los hechos, en los cuales se atentó con bombas panfletarias.

Guayaquil, 30 de julio de 2015.- La Fiscalía Provincial del Guayas dispuso una investigación urgente por el presunto delito de terrorismo, ante los atentados con bombas panfletarias ocurridos la noche del 29 de julio de 2015, en los exteriores de las edificaciones de dos medios de comunicación en Guayaquil.

El fiscal Provincial del Guayas, Paúl Ponce Quiroz, indicó que la finalidad es identificar a los responsables de los atentados y como primera diligencia dispuso el inmediato reconocimiento del lugar de los hechos (en exteriores de los diarios El Telégrafo y El Universo).

La primera diligencia fue en El Telégrafo, donde el fiscal Ponce Quiroz, junto a la brigada de Criminalística de la Policía Nacional, revisaron minuciosamente el lugar del percance.

Luego se entrevistó con el director de dicho medio, Orlando Pérez, quien prestó todas las facilidades para que la Fiscalía realice la diligencia, e incluso indicó que a Criminalística le entregaron una volante en la cual un supuesto grupo autodenominado “Frente de Liberación Nacional”, se hacía responsable del hecho.

Después, la Fiscalía y Policía se trasladaron a diario El Universo, en el cual se reunieron con los directivos de dicho rotativo para solicitarle realicen un escrito detallando los pormenores del hecho.

El fiscal Ponce Quiroz, indicó que además se solicitaron los respectivos videos al Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, con la finalidad de determinar responsabilidades.

La primera explosión se registró alrededor de las 22:15 en los exteriores de las instalaciones de diario El Universo, ubicado en el sur de la ciudad, mientras que la segunda ocurrió 50 minutos después cerca de la puerta de ingreso del diario público El Telégrafo, en el noroeste de la urbe.

El delito de terrorismo está tipificado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual sanciona con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

Este delito tiene que ver con aquellos actos en los que personas o grupos de personas, a través de medios violentos, quieren inducir a la población al terror, al miedo, a la desestabilización y atentan contra la integridad y libertad de las personas.