Fiscalía impulsa primer caso de lesa humanidad en la CNJ
Quito.- Tras seis horas de audiencia de formulación de cargos, la jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Lucy Blacio, acogió el pedido de la Fiscalía y dio paso a la instrucción fiscal por el presunto delito de lesa humanidad.
Además, dictó medidas cautelares contra 10 ex policías y militares involucrados en el posible delito de lesa humanidad que es el primer caso que se judicializa en el país.
Para Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, quien presentó el caso en la audiencia, esto significa “un gran salto en la justicia del Ecuador, luego de 28 años de impunidad”.
La etapa de instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el cual la Fiscalía reforzará su argumentación legal que compruebe la existencia del delito de lesa humanidad (tortura, violencia sexual y desaparición forzada).
Para asegurar la comparecencia de los procesados en la etapa de juicio, la jueza aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra E.V., L.P. y F.R. Mientras que el arresto domiciliario ordenó para J.A., M.D., J.R., M.A., N.E. y G.R.. Entre tanto para C.J. no dictó medida cautelar que prive su libertad por su estado de salud, pero tiene prohibido salir del país.
Además, los 10 procesados no podrán enajenar sus bienes.
En la formulación de cargos el Fiscal General hizo un recuento de lo sucedido el 10 de noviembre de 1985, cuando L. V., S. C., y J. J. fueron detenidos en Esmeraldas por militares que les pidieron sus identificaciones y sin ninguna razón u orden judicial, se los llevaron al cuartel Batallón Montúfar.
Luego las víctimas fueron trasladadas al Batallón de Inteligencia Militar (BIM) ubicado en Conocoto, Pichincha.
Pese a que las autoridades del Estado negaban haber detenido a los 3 ciudadanos, a través de reportes de inteligencia se conoció que los mencionados fueron detenidos, dijo Galo Chiriboga,
S. C. y J.J.. estuvieron arrestados durante 15 días, tiempo en el cual recibieron torturas físicas, psicológicas y sexuales. Posteriormente fueron liberados.
Mientras tanto, L. V. continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante 3 años. Eliminaron su registro de filiación en el Registro Civil y fue liberado a mediados de 1988.
Además recalcó que la Fiscalía ha respetado el principio de legalidad y que los preceptos constitucionales están debidamente aplicados.
A la diligencia asistieron Luisa Ortega, fiscal General de Venezuela; representantes de la Corte Suprema de Panamá; Guillermo Fernández, alto comisionado de las Naciones Unidas y autoridades ecuatorianas.