Fiscalía ha presentado 18 testigos en audiencia de juicio contra Asambleísta, Prefecto de Sucumbíos y otros por el presunto delito de paralización de servicio público

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 548-DC-2019

Quito, 25 de octubre de 2019.- En el segundo día de audiencia de juicio de procedimiento directo en contra del asambleísta Jofre P., el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y siete personas más, por su presunta participación en el delito de paralización de un servicio público, la Fiscalía General del Estado ha presentado dieciocho testigos.

Entre estos constan los policías aprehensores, los operadores de Petroecuador, personal de seguridad y el perito que realizó la experticia de audio, video y afines. Éste último analizó los videos de las cámaras de seguridad de Petroecuador, que grabaron a los procesados, y los chats extraídos de sus teléfonos celulares.

Este jueves, antes de instalar la audiencia, el conjuez nacional, David Jacho, la declaró como reservada, puesto que el delito que se investiga es contra la estructura del Estado constitucional.

La diligencia se suspendió a las 20:00 y se reinstalará este sábado 26 de octubre, a las 09:00.

Teoría del caso

Según Fiscalía, el 7 de octubre de 2019, los procesados ingresaron con violencia a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos, y obligaron a los tres operadores a paralizar el bombeo de petróleo a través del Sote (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano).

La interrupción se habría dado entre las 18:06 y las 20:25. Es decir, dos horas y diecinueve minutos, impidiendo el bombeo de 31.286 barriles de petróleo, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado por más de 1’700.000 dólares.

La paralización de un servicio público es un delito que está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.

En este caso también son procesados el concejal Víctor B., dos funcionarios del Gobierno Provincial de Sucumbíos: José G. y Jenny R., el dirigente Roberto P., además de otros tres ciudadanos, identificados como Steven T., Gonzalo V. y Carlos Ch.

 

 

 

 

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