Fiscalía formuló cargos por peculado en el hospital del IESS de Loja

Loja, 02 de marzo de 2015.- La Fiscalía inició la instrucción fiscal contra cuatro ciudadanos por el delito de peculado menor o contratación irregular, que se habría cometido en el Hospital Manuel Ignacio Monteros, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Loja.

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada el 02 de marzo de 2015, el fiscal del caso Rodrigo Galván, se refirió a las investigaciones que iniciaron con un informe de la Contraloría General del Estado, en el que se detectó irregularidades en la compra de cuatro camas para el área de traumatología.

En este caso están procesados un exdirector del hospital del IESS y tres funcionarios más, ellos integraron la comisión formada para la adquisición de las camas. Según el fiscal Galván los procesados presuntamente favorecieron a la empresa  proveedora y habrían incumplido varias disposiciones de la Ley Orgánica de Contratación Pública, su reglamento y cláusulas contractuales.

El fiscal Galván indicó que en el proceso de contratación se habría descalificado a otra empresa oferente sin justificativos válidos; no se analizaron otras cotizaciones; se firmó el acta de entrega-recepción en diciembre de 2010 pero las camas fueron recibidas en mayo del 2011; se canceló el valor total al proveedor antes de que se entreguen las camas, entre otras irregularidades.

Además dijo que las camas fueron vendidas a un precio sobrevalorado. De acuerdo al informe de la Contraloría cuando estas ingresaron al país, en el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), se reportó que fueron adquiridas por la empresa proveedora en 30.982 dólares y se vendieron al IESS en 66.072 dólares.

Entre los elementos de convicción que presentó la Fiscalía constan: el informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal,  documentos remitidos por la (SENAE) y  Servicio de Rentas Internas (SRI), versiones, entre otros. 

Con base a estos elementos, el juez de Garantías Penales de Loja, Juan Cuenca, acogió el pedido de la Fiscalía y dispuso medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica, para los cuatro procesados. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.