Fiscalía formula cargos a 3 policías por presunto fraude procesal
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 942-DC-2022
Ibarra (Imbabura), 16 de diciembre de 2022.- Veinticuatro elementos de convicción presentó la Fiscalía General del Estado para sustentar su teoría frente a un presunto delito de fraude procesal, por lo que formuló cargos en contra de la capitán de policía, Erika H. –teniente para la fecha de los hechos–, y los Cabos Jhonny C. y Edison P.
Ellos fueron procesados debido a un supuesto mal procedimiento ejecutado en flagrancia, relacionado a la detención de ciudadanos que, supuestamente, habrían transportado sustancias sujetas a fiscalización, en la vía San Lorenzo – Ibarra, el 14 de agosto de 2018.
La fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción N°4, entre los elementos de convicción, citó las versiones de los miembros del ejército, así como de servidores policiales, entre otras.
Asimismo, expuso las resoluciones de asuntos internos de la Policía Nacional, que concluyeron con sanciones administrativas de los uniformados y también el auto resolutorio emitido por un Juez, que aceptó el archivo de la causa por pedido de Fiscalía.
Según la teoría del caso, tras la detención de los ciudadanos, personal del Ejército los entregó a la Policía. En la Jefatura de Antinarcóticos, mientras se efectuaban las pericias de verificación y pesaje de la sustancia, se habrían producido presuntas anomalías, elaborándose un parte policial como droga abandonada. Dicho documento, fue base para que Fiscalía abra una investigación previa por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a investigación, causa que fue archivada el 1 de abril de 2019.
Al finalizar la audiencia de formulación de cargos por presunto fraude procesal, el Juez de Garantías Penales de Imbabura dispuso la presentación periódica cada 15 días ante su jefe directo y la prohibición de salida del país. La instrucción fiscal de la causa tiene un plazo de 90 días.
Información jurídica
El artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica al fraude procesal y lo sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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