Fiscalía detuvo a dos personas para investigaciones en caso de defraudación tributaria tras allanamientos en Quito
BOLETÍN DE PRENSA FGE NO. 166 DC-2017
Quito, 22 de septiembre de 2017.- Durante la madrugada del 22 de septiembre, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo tres allanamientos simultáneos en Quito en los sectores de Tumbaco, Cumbayá y Cutuglagua, por el presunto delito de defraudación tributaria en el que estaría involucrada la empresa TurboMotores Ecuatorianos Turbobakuz S.A.
Resultado del operativo, que contó con la cooperación de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Unidad de Criminalística de la Policía Nacional, se procedió a la detención de los ciudadanos Yerko B. y Esteban P., quienes fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de Quito para toma de versiones y posterior audiencia de formulación de cargos.
Además, se lograron recabar elementos como evidencias del presunto delito, entre los cuales figuran facturas, comprobantes de ingreso, entre otros documentos que involucran a la empresa por posible evasión de impuestos.
Durante el primer trimestre del 2017 la Fiscalía inició acciones de investigación a la empresa Turbomotores Ecuatorianos, por una presunta evasión de impuestos, en la que habría falsificado facturas de supuestos proveedores, pese a que los mismos no prestaron ningún bien o servicio.
Además, se detectó que en algunos casos el monto de los servicios sería menor al declarado por TurboMotores Ecuatorianos al Servicio de Rentas Internas (SRI). De las primeras investigaciones se estableció que la empresa habría “inventado” gastos para evadir el pago de impuestos, lo que afectaría al Estado.
De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de defraudación tributaria está tipificado en el Art. 298, y sanciona a los infractores con una pena privativa de libertad de hasta diez años.
La Fiscalía General del Estado informa que continuará con las respectivas investigaciones en el caso, a la vez que ratifica su compromiso de perseguir delitos y no personas, amparada en el marco del derecho, de forma ética y objetiva, para no dejar en la impunidad ninguna infracción y colocar a los responsables ante la justicia.
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